Para alcanzar una recuperación transformadora pospandemia del COVID-19, que ponga énfasis en la inversión para la igualdad y la sostenibilidad, debemos transformar el Estado reestructurando los sistemas de educación y salud, fortalecer los estados de bienestar y transitar hacia una sociedad del cuidado, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante una conferencia magistral virtual dictada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La máxima representante de la CEPAL participó en el 14º Diálogo Nacional por un México Social: Desarrollo y sociedad tras la pandemia, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. La reunión fue inaugurada por Leonardo Lomelí, Secretario General de esa casa de estudios y Rolando Cordera, Coordinador del PUED.
Durante su intervención, Alicia Bárcena subrayó que América Latina y el Caribe enfrenta hoy desafíos concretos, como la agudización de las asimetrías globales en materia de vacunas, riqueza, inversión y cambio climático; un crecimiento insostenible que pone a la región en riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental, y un aumento de la desigualdad, con un impacto mayor en las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Destacó también la importancia de mantener medidas fiscales que permitan amortiguar los impactos sociales de la pandemia.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas resaltó que las grandes asimetrías globales finalmente se traducen en privilegios que niegan derechos. En materia de vacunación, precisó que, mientras Estados Unidos y Canadá poseen casi el 70% de su población mayor de 18 con su esquema de vacunación completo y la Unión Europea llega al 74,1%, América Latina alcanza al 47,3% y el Caribe solo al 26,3%.
En ese sentido, destacó los lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe, una ruta programática presentada por la CEPAL a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa, y que fue aprobada por unanimidad por los países miembros, durante la VI Cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, celebrada el sábado 18 de septiembre en Ciudad de México.
“El plan de autosuficiencia sanitaria que presentamos el sábado ante la CELAC busca, en el corto plazo, acelerar los procesos de vacunación y, en el mediano/largo plazo, fortalecer la generación de capacidades tecnológicas y productivas”, afirmó Alicia Bárcena.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la crisis del COVID-19, tanto en lo referente a la actividad económica como al empleo.
Precisó que la economía de la región sufrió una contracción del PIB de -6,8% en 2020, mientras que para este año crecerá 5,9%, reflejando un arrastre estadístico que se moderará a 2,9% en 2022. En materia de empleo, en tanto, la pandemia desencadenó la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales de la región desde 1950, con una caída en el número de ocupados de -9,0%, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados.
Alicia Bárcena advirtió sobre el riesgo de una generación perdida: 167 millones de estudiantes perdieron hasta un año de escolaridad presencial con impacto en su aprendizaje, mientras que 3,1 millones de jóvenes, niñas y niños están en riesgo de abandono escolar. Asimismo, la región experimenta un retroceso de hasta 5 años en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, así como un aumento de la violencia y la exposición al trabajo infantil.
La alta funcionaria alertó también sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en todas las subregiones de América Latina y el Caribe durante 2020, un fenómeno estrechamente ligado a la pobreza extrema, en un contexto de fuerte caída económica y aumento sostenido de los precios de los alimentos. Pese a las políticas de apoyo a los ingresos y la alimentación, la incidencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó al 40,4% de la población en 2020, lo que supone un aumento de 6,5 puntos porcentuales con relación a 2019.
Por ello insistió en el rol central del gasto público en transferencias monetarias de emergencia para mitigar el aumento de la pobreza.
“La continuidad de las transferencias de emergencia es fundamental. Si no se mantienen, habrá 15 millones más de personas en pobreza extrema en América Latina y el Caribe en 2021”, subrayó.
Durante su conferencia magistral, Alicia Bárcena destacó las nueve recomendaciones de la CEPAL para pasar de la emergencia a la recuperación: producción conjunta y distribución equitativa de la vacuna, extender el ingreso básico de emergencia (equivalente a una línea de pobreza) para la población vulnerable, plazos y períodos de gracia más prolongados para los préstamos a las MIPYMES, una canasta digital básica consistente en una computadora portátil, una tableta y un plan de conectividad de bajo costo, reforma profunda de la educación y la formación como prioridad, políticas fiscales y monetarias expansivas, convencionales y no convencionales, solidaridad internacional en financiación, vacunas y cambio climático, planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental, y pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y redistributiva con igualdad de género.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL instó también a la región a contar con políticas de recuperación ante un contexto que desafía la ortodoxia, con inversión en sectores que promueven cambio técnico, generan empleos y reducen la restricción externa y la huella ambiental. Como ejemplo, señaló que descarbonizar la matriz eléctrica cuesta menos que mantenerla, reduce las emisiones en un 30% y genera cerca de 7 millones más de empleos.
Añadió que la capacidad recaudatoria es crucial para la sostenibilidad fiscal y afirmó que es necesario eliminar la evasión, consolidar el impuesto a la renta, crear impuestos a la economía digital y ambientales, y revisar las regalías por explotación de los recursos naturales.
“Un estado de bienestar va a requerir que pensemos en un nuevo contrato social y fiscal, que estimule la inversión, el empleo, la igualdad y la acción climática”, concluyó.
