Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

​​​​​​​Los países de América Latina y el Caribe deben fortalecer sus políticas públicas para enfrentar la crisis derivada del impacto económico y social de la guerra en Ucrania. De acuerdo con un nuevo informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentado el 6 de junio de 2002, los países de la región se encuentran ante una desaceleración de la actividad económica, una lenta y desigual recuperación de los mercados laborales y una mayor presión inflacionaria (especialmente en alimentos y energía). La conjunción de estos factores  aumentará los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.