La protección social está enraizada en una serie de instrumentos normativos internacionales cuyo objetivo es la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población. Se orienta por lo tanto a abordar los riesgos que enfrenta toda la población a lo largo del ciclo de vida, así como a los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad. De acuerdo a lo acordado en la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI), la protección social busca, más específicamente, “garantizar el acceso a ingresos adecuados para un nivel de bienestar suficiente de manera universal, servicios sociales (como salud, educación, agua y saneamiento), vivienda, políticas de inclusión laboral y trabajo decente”.