El 25 de agosto, se llevó a cabo el tercer taller regional del ciclo de la asistencia técnica orientada a fortalecer la integración de la biodiversidad en políticas públicas, sectores productivos y procesos de planificación. El taller se centró en las capacidades institucionales requeridas en el sector público para diseñar políticas con una mayor coherencia entre cuatro subsectores de la agricultura: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y el uso sostenible, recuperación y conservación de la biodiversidad. El taller reunió a funcionarios de instituciones públicas, puntos focales y equipos técnicos de biodiversidad, ambiente, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, planificación y finanzas de distintos países de América Latina, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

En la apertura, Sandra Perdomo, Gerente de Política Pública y Cooperación del Instituto Humboldt, dio la bienvenida a los participantes y destacó que fortalecer la coherencia entre políticas productivas, económicas, territoriales y sectoriales es cada vez más relevante, en la medida en que organismos como la OCDE, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la Unión Europea comienzan a incorporar este enfoque no solo en su lenguaje, sino también como criterio para priorizar sus apoyos. Señaló que identificar oportunidades de coherencia requiere, además, analizar las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas necesarias para convertir los diagnósticos en decisiones, instrumentos, presupuestos y mecanismos de coordinación.

Ángela Penagos, Directora de la Oficina de la CEPAL en Bogotá y Supervisora de la Unidad de Agua y Biodiversidad de la División de Recursos Naturales, recordó que más de la mitad del producto interno bruto mundial depende en mayor o menor medida de la naturaleza y de los servicios que esta provee, una dependencia que en una región con el patrimonio natural de América Latina y el Caribe adquiere especial relevancia para el bienestar, la seguridad alimentaria, la productividad, la regulación hídrica y la resiliencia climática de los territorios. Indicó que, si bien el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal ofrece un marco común para los países, el reto central consiste en traducir ese compromiso en decisiones sectoriales concretas, ya que suele haber políticas sectoriales que incentivan un uso de la biodiversidad insostenible. Precisó que este ciclo de talleres ha priorizado el análisis del sector agropecuario dado el alcance de la cooperación y por tener la mayor magnitud de impactos y dependencias relacionadas con la biodiversidad en la región.

Alicia Williner, investigadora senior del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, presentó el marco conceptual del taller. Planteó que la biodiversidad no debe entenderse como un sector más, y que más bien debería ser entendida como un catalizador habilitante de acciones de cambio permeando transversalmente a la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, sectores desde los cuales se decide en gran medida el cambio de uso del suelo y del mar, principal motor de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Agregó que la meta 14 del Marco Mundial de Biodiversidad no es un lujo técnico, implica saber cómo hacer coherencia de políticas y contar con la voluntad política para hacerlo, dado que es una condición necesaria para avanzar en el cumplimiento del Marco. 

Durante la presentación del ILPES-CEPAL se explicaron los tres niveles en los que puede analizarse la coherencia: la interna de una política o sector institucional, la que existe entre políticas de un mismo campo y la que se da entre distintos campos de política. Advirtió que buena parte de los países de la región sigue operando en compartimentos estancos, atrapados en lo que la CEPAL denomina la "trampa de la gobernanza poco efectiva". Frente a ello, desarrolló el enfoque de las capacidades TOPP que promueve la CEPAL, deteniéndose en particular en las capacidades políticas, entendidas como la capacidad de construir legitimidad, alianzas, diálogo social y continuidad más allá de los ciclos de gobierno, a las que calificó como habilitantes de las otras tres. El caso aplicado fue presentado por Adriana Camelo, Coordinadora Senior de Grupos de Interés de la Gerencia de Política Pública y Cooperación del Instituto Humboldt, quien habló del ejercicio piloto de análisis de coherencia de política en el marco normativo aplicable a los páramos de Colombia, desarrollado con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Camelo explicó al ser un piloto empezaron por un caso en el cual el Instituto pudiera desarrollar el análisis con información ya existente, por ejemplo, una matriz de conflictos socioambientales en páramos. El cruce entre el listado de instrumentos normativos de los sectores ambiental y agropecuario y esa matriz de conflictos permitió construir una matriz de interacciones que evidenció, sobre todo, incoherencias de implementación: por ejemplo, la ausencia de planes de manejo en la mayoría de los complejos de páramo ya delimitados, pese a que la norma superior así lo ordena, lo que a su vez genera incoherencias con el sector agropecuario en la definición de los usos permitidos en esos territorios.

A partir de ese análisis, el equipo del Instituto Humboldt formuló recomendaciones dirigidas no solo a instrumentos normativos y de política, sino también a instituciones y actores específicos —autoridades ambientales nacionales y regionales, el sector agropecuario, el Congreso de la República, la rama judicial y los entes de control—, bajo un enfoque de responsabilidades compartidas. 

Entre las lecciones aprendidas, se destacó la importancia de partir de un conocimiento previo del tema analizado, de conformar mesas técnicas con expertos desde el inicio del ejercicio y de adaptar la metodología, que el GEF ha impulsado también en otros países piloto, al contexto normativo particular de cada uno. Señaló, además, que la falta de sistemas de información normativa consolidados sigue siendo uno de los principales vacíos en Colombia, y que las pruebas realizadas con herramientas de inteligencia artificial no lograron suplir ese vacío, pues arrojaron información incompleta o inexacta al intentar recopilar el universo normativo del sector. Concluyó que la principal incoherencia identificada en el estudio se ubica en la fase de implementación, más que en el diseño normativo.

Como parte del taller, se realizó una encuesta interactiva en plenaria para conocer la percepción de las y los participantes sobre las desalineaciones más frecuentes entre políticas sectoriales y objetivos de biodiversidad, las etapas del ciclo de política pública donde se concentran las mayores dificultades, las capacidades institucionales que deberían priorizarse y el tipo de apoyo más útil para fortalecerlas. 

Los resultados mostraron que las políticas nacionales, sectoriales y territoriales poco articuladas entre sí y la falta de financiamiento para implementar medidas coherentes con la biodiversidad fueron percibidas como las desalineaciones más frecuentes (21% cada una); que la coordinación interinstitucional e intersectorial (45%) y la implementación territorial (36%) concentran las mayores dificultades del ciclo de política pública; que las capacidades para alinear instrumentos, incentivos y presupuestos con objetivos de biodiversidad deberían fortalecerse de manera prioritaria (47%); y que los programas de capacitación especializada (37%) y los espacios permanentes de coordinación interinstitucional (26%) fueron señalados como las estrategias de apoyo más útiles.

Con base en estos resultados, los participantes se dividieron en grupos de trabajo para profundizar en experiencias nacionales y aprendizajes sobre coherencia de políticas en favor de la biodiversidad. En la síntesis presentada en plenaria por los relatores de cada grupo, se identificaron de manera recurrente desafíos como la brecha entre un diseño normativo con frecuencia robusto y su implementación (poco) efectiva en el territorio, la falta de una terminología común entre los sectores ambiental y agropecuario, la débil articulación entre los niveles nacional, regional y local de gobierno, la discontinuidad de los procesos institucionales asociada a los cambios de gobierno, y la insuficiente participación de comunidades y productores en el diseño e implementación de las políticas. 

Entre las oportunidades y propuestas planteadas se destacaron el desarrollo de esquemas de financiamiento innovadores (bonos de carbono y de biodiversidad, pago por servicios ambientales, créditos verdes), el fortalecimiento del rol de los institutos de investigación como puente entre el conocimiento científico y la toma de decisiones, la creación de espacios permanentes de coordinación interinstitucional con información territorializada, y el impulso a programas de intercambio de experiencias entre países y entre sectores para construir una comprensión compartida de la biodiversidad en la gestión pública.

Este taller es el tercero del ciclo de asistencia técnica que la CEPAL brinda al Instituto Humboldt, en su calidad de Centro Subregional de Apoyo Técnico y Científico del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para apoyar a doce países de América Latina y el Caribe en la implementación de las metas 14 y 15 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Sus resultados se sistematizarán junto con los insumos recogidos en los talleres previos del ciclo para nutrir un cuarto taller, en el que se integrará el aprendizaje acumulado en todo el proceso.