La reciente aprobación legislativa del paquete de reformas fiscales impulsado por el Ejecutivo, y concebido originalmente al abrigo del Pacto por México, motiva reflexiones que apuntan a perfilar un balance parcial sobre sus avances, limitaciones y pendientes.
La reforma tributaria es esencial para enfrentar las deficiencias estructurales y el estancamiento de la economía mexicana. La discusión de la reforma fiscal aprobada en México nos invita a ir más allá de sus aportes a la estabilidad de precios y gestión de deuda, para incorporar otros aspectos esenciales como son los mecanismos estabilizadores del ciclo económico, la recuperación de los niveles de inversión consistentes con mayores niveles de crecimiento y su importante rol redistributivo.
Los problemas estructurales del fisco mexicano difícilmente pueden resolverse en una sola reforma. Deben definirse etapas. Me parece que la primera etapa fue en torno a los objetivos de desarrollo ya definidos en el Pacto Por México donde se estableció que: 1) "México debe crecer por encima del 5% para lo cual se debe incrementar la inversión pública y privada hasta alcanzar el 25% del PIB"; 2) Debe ampliar y mejorar la calidad y cobertura del sistema educativo; 3) fortalecer las agencias regulatorias para someter con los instrumentos de ley los intereses particulares que obstruyan el interés nacional; 4) "despetrolarizar" las finanzas públicas, y 5) recaudar los recursos adicionales que se requieren para cumplir más de la mitad de los compromisos del pacto, que algunos analistas han estimado en 7% del PIB.
Desde esta perspectiva, la reforma que hoy discutimos podría tildarse como poco ambiciosa (1.2% del PIB el primer año hasta alcanzar el 3 del PIB en tres años), que no cambia significativamente la redistribución del ingreso y que no resuelve el tema de los subsidios generales regresivos.
Pero la reforma da importantes pasos en materia de seguridad social al proponer cambios legales para establecer la pensión universal del adulto mayor y un seguro de desempleo, avanza en la progresividad del sistema tributario al gravar los dividendos y ganancias de capital, elevar la tasa marginal del ISR (aunque sin consolidar las rentas y a niveles lejanos a los de sus pares en nivel de desarrollo), al reformar el régimen de consolidación fiscal, y sobre todo al no aumentar el IVA a los alimentos y medicinas. Y, a mi parecer, se aleja de la ortodoxia que ha dominado la gestión económica nacional al contemplar balances estructurales y legitimar la opción de gestión fiscal contra cíclica.
La crisis ha permitido retomar el debate del Estado como proveedor de bienes públicos, y en su rol en la redistribución del ingreso y en la asignación de recursos nacionales para el desarrollo. La CEPAL ha enfatizado la necesidad de contar con acuerdos políticos que viabilicen estos roles en la forma de procesos que establezcan un pacto fiscal renovado. Por más de 30 años el gasto público ha sido insuficiente, declinante y sumamente rígido (95% inercial). La carga o presión tributaria ha permanecido estable en los últimos 50 años, alrededor del 10% del PIB desde 1960. Este pacto fiscal implícito que prevalece en México inhibe su crecimiento, obstaculiza mayores estadios de igualdad social y obstaculiza su transición democrática.
En México, el rol de la política fiscal para impulsar el crecimiento con igualdad ha sido limitado. Esta ha dejado de ser el instrumento macroeconómico por excelencia para promover el desarrollo, y se ha concentrado en apuntalar los importantes objetivos de estabilidad de precios de la Banca Central.
Desde la CEPAL abrazamos la convicción de que la política fiscal puede contribuir al crecimiento a través de su acción contra cíclica, su rol catalizador y complementario a la inversión nacional, sus aportes a la estabilidad del sistema financiero y al mantenimiento de niveles sostenibles de deuda pública y a más largo plazo, mediante el gasto social y su actuar insustituible para redistribuir el ingreso nacional.
La autora es Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
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