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Proponen nuevas políticas públicas para erradicar el racismo y la discriminación en Guatemala

El estudio, solicitado a la CEPAL por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), entrega recomendaciones que permitan avanzar hacia la igualdad social, promoviendo a la vez la diversidad cultural.

10 de diciembre de 2018|Noticia

Guatemala deberá transitar hacia una nueva generación de políticas públicas que reconozcan la diversidad étnica para erradicar el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas, recomiendan Wilson Romero y Ana Patricia Orantes, en el Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala, publicado recientemente con la colaboración de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA).

Según los autores, el objetivo del estudio es visibilizar la desigualdad social que resulta del racismo y la discriminación racial, y recomendar contenidos de política pública que permitan avanzar hacia la igualdad social, promoviendo a la vez la diversidad cultural.

“Para revertir la desigualdad es necesario tomar medidas redistributivas, y constituir el núcleo de las políticas públicas con vistas a garantizar los derechos, la justicia y la igualdad en una sociedad multiétnica. Tales políticas reportarían tanto beneficios directos (por ejemplo, el refuerzo de las capacidades humanas en diversos grupos) como beneficios indirectos (por ejemplo, la mejora de la cohesión social)”, señala el documento.

La publicación revela que en 2016 la desigualdad a nivel nacional aumentó un 2,03% en Guatemala, elevándose en un 3,8% en el área rural, y un 0,76% en territorio urbano. Asimismo, solamente el 29% de los indígenas tenían empleo formal.

Los autores dan siete recomendaciones a Guatemala para erradicar el racismo y la discriminación hacia los indígenas del país, cifra que corresponde al 41% de la población total y se conforma del pueblo maya, al grupo étnico garífuna y el pueblo xinka.

Dichas recomendaciones consisten en transitar hacia una nueva generación de políticas públicas que reconozcan la diversidad y que permitan evaluar las limitaciones; promulgar una ley general de proscripción y sanción del racismo y la discriminación; fortalecer el papel tutelar del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; hacer una revisión y consolidación de la información estadística relacionada con los pueblos indígenas para un adecuado diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas; poner en marcha un esfuerzo de sensibilización y educación ciudadana sobre la diversidad étnica y cultural de la sociedad guatemalteca; que el Estado comience a reflejar de manera sistémica la diversidad étnica y cultural de la sociedad, y que se atienda con alta prioridad la situación agraria del país.

A pesar de las limitaciones estructurales e institucionales el Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala reconoce que hay cuatro hitos que posibilitan la disminución de desigualdad en el país pluriétnico y multicultural: la Constitución Política de la República de 1985 y su Artículo 66 referente a la “Protección a grupos étnicos”; los Acuerdos de Paz, que reconocen los derechos indígenas tanto individuales como colectivos, reconociendo además al país como multiétnico y pluricultural; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo principal aporte es el reconocimiento de la categoría de pueblos indígenas como sujetos de derechos a nivel individual y colectivo; y la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, la cual constituyó “precedentes importantes para el desarrollo de legislación, políticas y mecanismos institucionales a favor del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas”.

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