Un nuevo documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), analiza el avance en la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América y el Caribe, a diez años de su adopción.
El documento titulado Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe: propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, analiza logros, desafíos y buenas prácticas para facilitar el intercambio y el aprendizaje entre países, y constituye la contribución de América Latina y el Caribe al examen y evaluación mundial del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
“A la luz de los resultados que arroja este segundo balance regional, es preciso concentrar los esfuerzos en continuar y profundizar el camino recorrido, así como en potenciar las fortalezas que han hecho del Consenso de Montevideo un instrumento tan potente en el transcurso de esta década. La participación, la diversidad y el diálogo son valiosos activos que es necesario proteger y fomentar para contribuir al desarrollo de sociedades más democráticas, inclusivas y justas en América Latina y el Caribe, a fin de no dejar a nadie atrás”, afirma José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el prólogo del documento.
El reporte fue presentado a los países por Simone Cecchini, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL, en el marco de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se celebra hasta el miércoles 15 de noviembre en la sede principal del organismo regional en Santiago, Chile.
El informe consta de cuatro capítulos, el primero de ellos sobre tendencias demográficas en América Latina y el Caribe, donde se analizan las cifras de mortalidad, fecundidad global y adolescente, estructura por edades y cambio demográfico y la migración interna e internacional.
Precisa que la población actual de la región es de 665 millones de personas, aproximadamente cuatro veces más respecto a la población en 1950. Se proyecta que la población llegará a su máximo en poco más de 30 años, en 2056, cuando se alcanzarían los 752 millones de personas, y desde allí la población comenzaría a descender.
El segundo capítulo analiza el seguimiento regional de la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: (A) Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; (B) Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; (C) Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; (D) Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; (E) Igualdad de género; (F) La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; (G) Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; (H) Pueblos Indígenas, interculturalidad y derechos; y (I) Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.
Los capítulos tercero y cuarto, en tanto, están enfocados a identificar los avances y desafíos en la implementación del Consenso de Montevideo en el Caribe, y a las conclusiones, respectivamente.
El documento subraya que, a 10 años de su adopción, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo ha contribuido a visibilizar las grandes desigualdades que existen en América Latina y el Caribe en función del nivel socioeconómico, la edad, el territorio de residencia, la identidad de género, el origen étnico y racial, la orientación sexual, la condición migratoria, y la discapacidad, entre otras dimensiones. Asimismo, ha dado impulso y fundamento para la aplicación de políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad.
Destaca, asimismo, la necesidad de seguir fortaleciendo y profundizando ese enfoque en los asuntos de población y desarrollo, así como en la elaboración e implementación de las políticas públicas y los programas destinados a mejorar el bienestar de la población.
“Sin perjuicio de los avances observados entre 2018 y 2023, la región sigue teniendo un largo camino por recorrer en lo que se refiere a la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo. Para ello, continúa siendo indispensable que los gobiernos manifiesten una sólida decisión política que se traduzca en políticas de población y desarrollo sostenidas en el tiempo que permitan profundizar los avances conseguidos”, concluye.