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América Latina y el Caribe debe avanzar decididamente en políticas y programas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y que ofrezcan servicios adaptados a las adolescentes actuales y a las nuevas condiciones en que se ejerce la sexualidad en la adolescencia, revela una nueva publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El estudio Fecundidad no deseada entre las adolescentes latinoamericanas. Un aumento que desafía la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de derechos, señala que si bien algunos investigadores consideran que esta fecundidad es más bien racional y deseada, en particular entre los grupos de menores ingresos, las encuestas de demografía y salud (DHS), así como las MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) que levanta UNICEF, de varios países de la región indican lo contrario.
La publicación, realizada por el CELADE – División de Población de la CEPAL, consta de cuatro capítulos y concluye ratificando un hallazgo de los últimos años sobre la rápida e intensa caída de la deseabilidad/planificación de la tenencia de hijos en la adolescencia.
De acuerdo a la investigación, América Latina y el Caribe destaca a nivel mundial por sus altos índices de embarazos no deseados entre adolescentes. A lo anterior se suma un aumento sostenido y significativo de la fecundidad adolescente no planificada/deseada.
Tal incremento se ha dado en todos los grupos socioeconómicos. Y en varios países este aumento ha sido más intenso entre las adolescentes de menor nivel socioeconómico.
Estas tendencias de la fecundidad adolescente no deseada agrava sus efectos y, además, constituyen un argumento de política crucial para apoyar la intervención pública en la materia, desde un enfoque de derechos.
Adicionalmente, la educación sexual y en general la preparación para enfrentar las relaciones afectivas, románticas y eróticas sigue siendo una asignatura pendiente en la región, con escasas experiencias de programas exitosos y duraderos.
Esta deuda se refleja en los y las adolescentes actuales con gran acceso a diversas fuentes de conocimiento e información sobre estos temas, aparentemente mucho más preparados para su tratamiento respecto de las generaciones previas pero aún con severas dificultades para implementar conductas preventivas, en particular un uso eficiente y oportuno de la anticoncepción, con presiones de distinto tipo, desde los mitos al acceso a fuentes sesgadas como las pornográficas, para la realización de conductas de riesgo y, sobre todo, con sesgos de género pertinaces y abusivos hacia las mujeres.
La publicación señala que la falta de educación sexual se agrava si se considera el consenso en torno a su condición de herramienta para prevenir el embarazo no deseado.
Finalmente, afirma que otros actores también deben acompañar a las y los adolescentes. Desde luego el Estado y en general todas las instituciones públicas deben velar por el ejercicio de sus derechos. Pero las familias también deben actuar en consecuencia, tanto evitando constituirse en una barrera para el ejercicio de los derechos (y en particular el acceso a la anticoncepción) como aportando al desarrollo integral de sus hijos, ya que está demostrado que comunicaciones efectivas entre padres e hijos favorecen comportamientos preventivos durante la adolescencia y a largo plazo y en general para tener una vida sexual menos riesgosa y más satisfactoria.
