“Es imperativo introducir regímenes fiscales más progresivos y transparentes; es tiempo para un acuerdo tributario global sobre las industrias extractivas”, señaló hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un evento internacional virtual de alto nivel convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
La máxima autoridad de la CEPAL fue una de las oradoras principales de la “Mesa redonda global de alto nivel sobre industrias extractivas como motor para el desarrollo sostenible”, convocada por las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa sobre el Financiamiento para el Desarrollo en la era del COVID-19 y más allá, que reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, representantes gubernamentales de alto nivel, líderes del sector privado, de la sociedad civil, pueblos indígenas, jóvenes, academia, centros de pensamiento, las Secretarias Ejecutivas de las cinco comisiones regionales de la ONU, y el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Mahmoud Mohieldin.
La mesa redonda global examinó las recomendaciones principales del informe de política del Secretario General sobre industrias extractivas -dado a conocer en esta jornada- e identificó las accciones concretas y medidas que pueden ser implementadas a nivel global, regional y nacional, guiadas por una transición justa y la meta de no dejar a nadie atrás.
El evento fue inaugurado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien señaló que las industrias extractivas generan grandes montos de ingresos por efecto de tipo de cambio, inversión extranjera directa e ingresos gubernamentales. “Tienen el potencial de impulsar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza pero, sin embargo, no podemos escapar del hecho de que las industrias extractivas están asociadas a una letanía de males… Nuestra responsabilidad compartida es asegurar que los beneficios de los recursos naturales alcancen a todas las personas de la sociedad, no solo a las élites, y que a la vez se salvaguarde el ambiente natural hoy y para las futuras generaciones”, declaró.
En su presentación, Alicia Bárcena indicó que a pesar de los devastadores impactos económicos y sociales del COVID-19 y los esfuerzos fiscales sin precedentes que han hecho los gobiernos de América Latina y el Caribe, la mayoría son considerados países de renta media y han recibido un limitado apoyo multilateral, lo que ha resultado en una severa contracción de su espacio fiscal.
“América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más endeudada del mundo, con un stock de deuda del gobierno central alcanzando el 77% del PIB regional en 2020 y un servicio de la deuda externa total equivalente al 59% de sus exportaciones de bienes y servicios en 2020”, explicó.
“Lamentablemente, debido a los mejores precios de las materias primas y al aumento de demanda, algunos países se están reprimarizando como opción para la recuperación económica. Estamos retrocediendo en algunos casos, moviéndonos al extractivismo a costa de las personas y los recursos naturales”, advirtió Bárcena.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL indicó que se estima que la inversión de un millón de dólares en minería, sin ningún valor agregado, genera solo un puesto de trabajo. “La concentración de las ganancias de productividad en pocas manos o corporaciones conspira contra el desarrollo sostenible”, dijo.
En este ámbito, Alicia Bárcena presentó cuatro propuestas. En primer lugar, combatir los flujos financieros ilícitos y alcanzar la divulgación completa de los beneficios y ganancias de productividad. “Estimamos que los flujos financieros ilícitos de transacciones relacionadas con recursos naturales no renovables provenientes de América Latina y el Caribe sumaron 131.500 millones de dólares en una década, 3% del PIB anual”, explicó. “Por eso es imperativo introducir regímenes fiscales más transparentes”, insistió, y abogó por un acuerdo global y regional entre las corporaciones y los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo para que se deje de presionar a estos últimos para que impongan menos royalties como una ventaja competitiva, y para que también se evite la convergencia a la baja (race to the bottom) que se da con los incentivos y exenciones tributarias, y que limitan los ingresos públicos de los royalties y otros instrumentos relacionados.
En segundo lugar, propuso invertir en industrialización e innovación tecnológica en los países de origen, enfatizando que la costosa transición hacia la energía y minería sostenible debe ser una co-inversión entre las corporaciones, los países y las sociedades, en donde la tecnología es clave así como el compromiso de integrar las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de valor.
En tercer lugar, es necesario canalizar los ingresos del sector extractivo hacia el desarrollo sostenible y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con instrumentos innovadores. “Las políticas de recuperación deben apuntar hacia pactos sociales y políticos para la igualdad y hacia una transición global verde y azul”, remarcó.
Finalmente, Alicia Bárcena enfatizó la importancia de promover la gobernanza de los recursos naturales partiendo por el acceso a la información, participación y justicia ambientales. “El Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son urgentes en América Latina y el Caribe, una región donde hay más de 265 conflictos socioeconómicos, principalmente en sitios de extracción de recursos naturales, y donde los pueblos indígenas luchan y mueren todos los días”, declaró.
“Es fundamental repensar los regímenes fiscales y los instrumentos con planificación, políticas públicas y total transparencia en todo el ciclo relacionado con las industrias extractivas para redirigir su contribución al desarrollo sostenible, la acción climática y las personas”, señaló la alta funcionaria de la ONU al concluir sus palabras.
