“Llamamos a acelerar el paso hacia una justicia económica, climática y de género y transitar hacia una sociedad del cuidado”, dijo hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un encuentro virtual organizado de forma paralela al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés), convocado anualmente bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés).
“No queremos volver a donde estábamos antes de la pandemia, necesitamos un cambio estructural. Tenemos la oportunidad de que la recuperación sea transformadora, con igualdad de género y sostenibilidad ambiental”, enfatizó Bárcena durante el evento de alto nivel La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en los esfuerzos de recuperación del COVID-19: desafíos y oportunidades en la promoción del trabajo decente para las mujeres, organizado en conjunto por las misiones permanentes de Chile, Argentina, México y República Dominicana ante las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL.
La alta funcionaria dio cuenta de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe en un contexto en que la crisis del COVID-19 ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de género consignados en la Estrategia de Montevideo: la desigualdad socioeconómica, la división sexual del trabajo, la concentración del poder y los patrones culturales patriarcales arraigados en la sociedad.
Bárcena recordó que las mujeres están en la primera línea de respuesta a la pandemia en la región: representan 73,2% del empleo en el sector de la salud, pero perciben 24% menos ingresos que los hombres.
Paralelamente, la crisis del COVID-19 ha provocado una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral en América Latina y el Caribe, equivalente a un retroceso de 18 años, alertó.
De acuerdo con la máxima representante de la CEPAL, 1 de cada 4 mujeres de 15 a 24 años no estudian ni están ocupadas en la región. Un 75% de estas jóvenes se dedican a cuidar a personas dependientes. En el caso de los hombres, la proporción es 1 de cada 10, y solo un 9,3% de estos jóvenes se dedican a labores de cuidado, indicó.
De igual forma, 4 de cada 10 mujeres no está conectada y no puede costear la conectividad, lo que obstaculiza su autonomía económica.
En este marco, recalcó, es necesario articular propuestas de corto plazo para mitigar los efectos de la pandemia con políticas de mediano plazo para lograr transformaciones estructurales.
“Tenemos que medir la contribución del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado y su aporte a la economía. Tenemos que ir más allá de las cuentas satélites del uso del tiempo. Tenemos que saber cuánto cuesta la economía del cuidado y evidenciar que no es gasto sino inversión”, planteó.
De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva, se requiere también una política fiscal con perspectiva de género, que incorpore al menos los siguientes aspectos: un ingreso básico de emergencia para las mujeres que perdieron sus empleos durante la pandemia en tanto no puedan retornar al mercado laboral; inversiones específicas en la economía del cuidado, que en una primera etapa pueden estar asociadas a los sistemas de salud primaria; inversión en una Canasta Básica Digital que le daría acceso a Internet y dispositivos a las mujeres aún no conectadas; y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente aquellas lideradas por mujeres emprendedoras.
Bárcena llamó a tener en cuenta los acuerdos del Compromiso de Santiago, aprobado durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (celebrada en enero de 2020 en Chile, antes del surgimiento de la pandemia), que establece la implementación de políticas contracíclicas para mitigar los efectos de las crisis económicas.
La alta funcionaria reiteró, asimismo, el compromiso de la CEPAL con la Alianza Global por los Cuidados y la Alianza Regional para la Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe, iniciativas lideradas por México y Chile, respectivamente, e insistió en la necesidad de que los países cuenten con datos actualizados y desagregados por sexo para transformar estas propuestas en políticas públicas concretas con el financiamiento respectivo.
La reunión contó con palabras inaugurales del Embajador Milenko E. Skoknic Tapia, Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, y de la Embajadora María del Carmen Squeff, Representante Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas.
Luego, durante un diálogo interactivo, intervinieron, además de Bárcena, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Mónica Zalaquett; la Ministra de la Mujer de República Dominicana, Mayra Jiménez; la Secretaria Ejecutiva de INMUJERES de México, Patricia Uribe; la Coordinadora de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca; la Directora del Departamento de Calidad del Trabajo de la OIT, Manuela Tomei; y Anita Thomas, Coordinadora de la Coalición de ONG para Acabar con la Violencia y el Acoso y Presidenta del Comité de ONG para la Financiación del Desarrollo, con la moderación de Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
