La pandemia provocada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) es un llamado a repensar los patrones históricos del desarrollo urbano y avanzar hacia un futuro más sostenible en la región, donde el 80% de la población vive en zonas urbanas y el 17% de ella se concentra en 6 megaciudades, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la inauguración del evento virtual Acción Local para Compromisos Globales sobre la respuesta y recuperación inclusiva, resiliente y verde a la crisis del COVID-19 a nivel local, paralelo al Foro Político de Alto Nivel 2020, en el que la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, envió un mensaje en video.
Participaron también Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat; Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, Marruecos, y Kennedy Odede, CEO de Shining Hope for Communities (SHOFCO).
Durante su intervención, Alicia Bárcena afirmó que las ciudades de América Latina y el Caribe suelen caracterizarse por la desigualdad y la urbanización informal, y precisó que uno de cada cinco residentes urbanos vive en barrios marginales donde el hacinamiento y el escaso acceso al agua y el saneamiento aumentan el riesgo de propagación tanto del coronavirus COVID-19 como de otras enfermedades.
Añadió que en la región, mientras que casi el 90% de los hogares urbanos se benefician del acceso al agua, la cobertura de saneamiento en las ciudades sólo alcanza al 66% de los hogares.
“La pandemia es un llamado de atención para abordar las desigualdades de la región y replantear los patrones históricos de desarrollo urbano. Reconstruir mejor en América Latina y el Caribe significa reconstruir con igualdad y sostenibilidad”, aseveró.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL puntualizó que, según las últimas estimaciones, la región sufrirá una caída del 9,1% en el PIB y un aumento de 5,4 puntos porcentuales de la tasa de desocupación, que llegaría a 13,5%.
La pobreza en América Latina aumentaría 7,1 puntos porcentuales (45,4 millones de personas más) en comparación con el año anterior, con lo que el número total de personas que viven en la pobreza llegará a 230,9 millones (37,3% de la población de la región). La pobreza extrema aumentaría 4,5 puntos porcentuales (28,5 millones de personas adicionales), afectando un total de 96,2 millones (el 15,5% de la población), quienes no podrán cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
Además, se perderán 2,7 millones de empresas que representan el 19% del tejido empresarial de la región.
Para hacer frente a la crisis, la CEPAL propone implementar un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (147 dólares) por seis meses, con un costo de 1,9% PIB y un bono contra el hambre equivalente a 70% de una línea de pobreza extrema (57 dólares) que costaría 0,45% del PIB; además de subsidios a microempresas, mayor cooperación multilateral y un nuevo pacto social que incorpore la sostenibilidad ambiental.
La máxima representante de la CEPAL llamó a instalar reformas progresivas que aseguren la incorporación de impuestos sobre la riqueza y el patrimonio, y subrayó la importancia de invertir en energías renovables.
“Debemos asegurarnos que las ciudades sean productoras de energía y alimentos, y no solo consumidoras. Debemos avanzar hacia un futuro sostenible”, afirmó.
Alicia Bárcena destacó el trabajo del Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe de la CEPAL, que ha reunido estudios de casos de integración subnacional y local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los procesos de planificación. Resaltó que el Observatorio ha identificado y sistematizado 17 territorios en 6 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Uruguay).
Advirtió además sobre el caso del Caribe, donde el 30% de la población vive por debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar, e instó a identificar cuáles son las inversiones resilientes en esa región.
Precisó que la CEPAL propone cinco recomendaciones muy concretas en apoyo a los países del Caribe: la iniciativa de alivio de la deuda mediante un canje de deuda por adaptación al cambio climático, que incluye la creación de un fondo de resiliencia; la paralización del servicio de la deuda y un cambio en los criterios de elegibilidad de las instituciones financieras internacionales (IFIs) para el otorgamiento de financiamiento concesional; bonos de contingencia, en especial con cláusulas sobre los huracanes; bonos verdes y azules; y el apoyo a la liquidez mediante la emisión de derechos especiales de giro.
Finalmente, Alicia Bárcena llamó a alcanzar un nuevo pacto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
“Después del COVID-19 estaremos más pobres, hambrientos, desiguales y enojados. Es urgente construir un pacto social orientado a la protección social universal y al cambio de paradigma de desarrollo en línea con la Agenda 2030”, subrayó.
