Nuevo número de la Serie de Recursos Naturales y Desarrollo analiza la legislación minera en los países andinos

La División de Recursos Naturales (DRN), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, pone a disposición la publicación “La institucionalidad y la regulación minera en los países andinos: Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Ecuador y Perú”, que aborda la institucionalidad del sector minero y la normativa a nivel constitucional y legal que rige la propiedad de los recursos minerales y su aprovechamiento, las regalías, el medio ambiente, y la consulta previa, libre e informada.

En el primer capítulo de este informe se analiza el marco jurídico e institucional público del sector minero de los países andinos y se describen los principales hitos en la institucionalidad minera de las últimas dos décadas en cada uno de los países. Se destaca que, en general, los procesos de creación y reforma de los marcos legales e institucionales del sector minero se impulsaron a partir de los procesos constituyentes que tuvieron lugar en cada uno de los países andinos, en distintos momentos históricos.

El capítulo segundo de esta publicación estudia el marco normativo de la propiedad de los recursos mineros y el régimen de concesiones. Se aprecian las características comunes y los rasgos disímiles de las normas constitucionales y legales que rigen la propiedad minera en cada uno de los países analizados. En los cinco países andinos estudiados, las Constituciones Políticas regulan la propiedad estatal y soberana de los recursos naturales no renovables, la cual está revestida de las características de absoluta, exclusiva, irrenunciable, inalienable e imprescriptible.

El estudio realiza una sistematización de la institucionalidad ambiental y de la consulta previa relacionadas con la minería en el capítulo tercero. Se observa que la exploración y explotación minera, en los países estudiados, están sometidas a un proceso de evaluación del impacto ambiental, que culmina -de verificarse la viabilidad técnica- en una autorización ambiental (licencia, permiso, calificación). La arquitectura institucional en materia de política pública, licenciamiento, y control y fiscalización ambiental es adoptada por cada país con un modelo institucional propio. Por otra parte, se destaca que el derecho a la consulta previa, libre e informada es uno de los aspectos del régimen institucional y regulatorio minero que ha tenido un menor nivel de desarrollo. En cada uno de los países analizados, la respuesta del Estado ha sido distinta respecto a la arquitectura institucional y la distribución de competencias para la rectoría y la gestión de los procesos de consulta previa. Se propone desarrollar un marco normativo específico con rango legal para la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

El cuarto capítulo de esta investigación estudia los aspectos relacionados con el marco constitucional y legal del régimen fiscal en el sector minero. Se discute sobre el equilibrio que debe haber entre las aspiraciones de una renta económica minera estatal justa y los márgenes de rentabilidad y seguridad que demandan los capitales de las empresas mineras. Se sugiere como principios de la política pública minera la implementación de una regalía minera progresiva; la descentralización efectiva de la renta minera a favor de los gobiernos subnacionales y de los territorios de explotación para el financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental; y la creación de fondos soberanos de ahorro, inversión y estabilización económica.