Reunión (virtual) del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales del Acuerdo de Escazú
Fecha: 18 de agosto de 2026
Hora: 10:30-12:00 horas de Santiago de Chile
Antecedentes:
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas en su artículo 9 para la protección de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue aprobado en virtud de la decisión III/2 de la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, celebrada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, del 22 al 24 de abril de 2024.
El Plan de Acción aprobado tiene como objetivo poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú y su plazo de ejecución es hasta abril de 2030. Además, para facilitar su implementación, se decidió mantener el grupo de trabajo hasta la clausura de la reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes de 2030. El nuevo mandato del grupo de trabajo es dar seguimiento a las acciones incluidas en el Plan de Acción, evaluar su efectividad e informar a la Conferencia de las Partes.
El Plan de Acción estableció en el eje A sobre “Generación de conocimiento” la acción número 1 que dispone la elaboración de “un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en los Estados Parte”.
Dicho diagnóstico debe considerar “de acuerdo con la disponibilidad de datos”, entre otros aspectos, el “número de víctimas o vulneraciones y los diferentes tipos de vulneraciones”; los “instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, la protección y la sanción”, como los sistemas de alerta temprana y los protocolos de actuación a cargo de instituciones nacionales y subnacionales; y las “prácticas existentes y otras experiencias e iniciativas comunitarias y estrategias de autoprotección llevadas a cabo por quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”. Además, el Plan de Acción dispone que el diagnóstico debe considerar la información que proporcionen “los Estados Parte y otros actores clave” y aportar conclusiones en la materia.
En consecuencia, los coordinadores del Grupo de Trabajo han elaborado, con apoyo de la Secretaría, una propuesta de diseño metodológico del diagnóstico regional, que incluye un mecanismo participativo de recolección de datos y la planificación del proceso. En este estudio se combinarán diferentes fuentes y mecanismos de generación de datos para abarcar los tres objetivos de la investigación.
Con este fin, la Secretaría enviará cuestionarios a los puntos focales de los Estados Parte y otros actores relevantes y publicará encuestas en línea para el público a través de la plataforma del mecanismo público regional.
Objetivos de la reunión:
- Informar sobre el mecanismo participativo de recolección de insumos para el diagnóstico regional comprometido en el Plan de Acción y su respectivo programa, así como anunciar el inicio de la consulta pública.
