"Diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en los Estados Parte del Acuerdo de Escazú"

El Plan de Acción  estableció en el eje A sobre “Generación de conocimiento” la acción número 1 que dispone la elaboración de “un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en los Estados Parte”. 

Dicho diagnóstico debe considerar “de acuerdo con la disponibilidad de datos”, entre otros aspectos, el “número de víctimas o vulneraciones y los diferentes tipos de vulneraciones”; los “instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, la protección y la sanción”, como los sistemas de alerta temprana y los protocolos de actuación a cargo de instituciones nacionales y subnacionales; y las “prácticas existentes y otras experiencias e iniciativas comunitarias y estrategias de autoprotección llevadas a cabo por quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”. Además, el Plan de Acción dispone que el diagnóstico debe considerar la información que proporcionen “los Estados Parte y otros actores clave” y aportar conclusiones en la materia.

Por su parte, el programa de implementación elaborado por el Grupo de Trabajo indica que el diagnóstico regional se llevará a cabo entre 2025 y 2026. Además, señala que los productos y/o actividades específicas a desarrollar para cumplir con este objetivo son: 1) un diseño metodológico; 2) un mecanismo participativo de recolección de datos; y, por último, 3) el informe del diagnóstico regional, que incluya una síntesis y conclusiones.

El programa también indica que los principales responsables de la implementación de esta acción son el Grupo de Trabajo, la Secretaría, y los Estados Parte y que se invitará a colaborar al Sistema ONU, organizaciones regionales pertinentes, universidades, centros de investigación, representantes electos del público, el público, en especial, personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, entre otros actores.

En consecuencia, los coordinadores del Grupo de Trabajo han elaborado, con apoyo de la Secretaría, una propuesta de diseño metodológico del diagnóstico regional, que incluye un mecanismo participativo de recolección de datos y la planificación del proceso. En este estudio se combinarán diferentes fuentes y mecanismos de generación de datos para abarcar los tres objetivos de la investigación. 

Con este fin, la Secretaría enviará cuestionarios a los puntos focales de los Estados Parte y otros actores relevantes, mediante formularios y hojas de datos estandarizados, y publicará encuestas de percepción en línea para el público a través de la plataforma del mecanismo público regional.