Intervención de Antonio Prado, Secretaria Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, con ocasión de la inauguración del Seminario Internacional "Optimizando la respuesta en emergencias desde lo social"
22 de junio de 2016
Santiago de Chile
CEPAL
Sala Celso Furtado
Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social de Chile, es un gusto recibirlo nuevamente en la CEPAL y colaborar con su Ministerio, tras el exitoso lanzamiento del pasado lunes del Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Ministerio del Interior de Chile,
Juan Faúndez, Subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Chile y ex colega de la CEPAL,
Autoridades de ministerios y autoridades gubernamentales de países de la región,
Amigas y amigos,
Reciban ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de ser sede de este Seminario Internacional "Optimizando la respuesta en emergencias desde lo social" organizado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de Chile.
Estamos en una región muy vulnerable a desastres naturales. Comenzando en 1972 con el terremoto de Managua hasta el presente, la CEPAL coordinó más de 90 reportes de estimaciones de los efectos e impactos económicos, sociales y ambientales de desastres en 28 países de la región, siendo el más reciente el del terremoto del 16 de abril de Ecuador donde esta Casa envió a cinco funcionarios de la CEPAL que coordinaron el esfuerzo conjunto que 8 agencias de las Naciones Unidas hicieron con el gobierno de ese país.
Entre 1972 y 2014, la región sufrió un total de 2 219 eventos, que causaron 520 mil fallecimientos y afectaron alrededor de 230 millones de personas. Con respecto al impacto económico, los costos de todos estos acontecimientos en los países de América Latina y el Caribe para el periodo 1970-2014 fueron de aproximadamente 350 mil millones de dólares de 2014.
A lo largo de este día, discutiremos los alcances y desafíos de la protección social frente a situaciones de emergencia y analizaremos los mecanismos de respuesta de los ministerios de desarrollo social y afines ante situaciones de emergencias, desastres y catástrofes. Discutiremos sobre la importancia de las herramientas para el levantamiento de datos sobre las personas, familias y comunidades para la reducción de riesgos y para la gestión de emergencias, así como para definir los apoyos y el acompañamiento que se le brindará a la población afectada con el fin de aumentar su resiliencia.
Durante la mañana conoceremos la experiencia chilena en la implementación de nuevos procesos encaminados a la modernización del diagnóstico social de emergencia. En particular, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile realizará la presentación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) como nuevo instrumento para apoyar las decisiones que el Estado debe tomar como medidas de mitigación a la población afectada y para la identificación de familias.
En la tarde, se compartirán e intercambiaran experiencias sobre la protección social frente a situaciones de emergencia y desastres en otros países de América Latina y el Caribe. En particular, se intercambiarán experiencias sobre las estrategias, políticas y programas para hacer frente a estas situaciones, se debatirán los desafíos y retos de la articulación institucional frente a situaciones de emergencia y desastres, así como las herramientas utilizadas para el levantamiento de información.
Si bien las emergencias pueden ser de distinto tipo, se relacionan principalmente con fenómenos naturales como terremotos – como el sufrido por este país en 2010 o el que golpeó Ecuador hace muy poco - inundaciones o huracanes. Los hogares más afectados son los más pobres y vulnerables, que tienen más dificultad para recuperarse de situaciones de emergencia y sufren efectos de largo plazo en la salud, la educación, la nutrición y la productividad, lo que contribuye a la persistencia de la pobreza y la desigualdad.
En un contexto de aumento de la frecuencia y la severidad de los desastres, los países de América Latina y el Caribe deben así considerar de manera creciente los riesgos y consecuencias de los desastres entre sus instrumentos de protección social. En particular, adoptar medidas de mitigación permite disminuir la exposición de la población, mejorar su capacidad de adaptación y recuperación, así como implementar diversas estrategias de recuperación. Vincular la agenda de protección social con las estrategias de atención a emergencias y la reducción de desastres contribuye a la sostenibilidad de desarrollo de los países de la región y al incremento de la resiliencia de la población, especialmente la más pobre y vulnerable.
Con este seminario, en particular, se espera extraer aprendizajes para mejorar y fortalecer la respuesta orientada a la protección y asistencia de la población desde los ministerios de desarrollo social en coordinación con las demás instituciones, y así incrementar la eficiencia de las respuestas.
En América Latina y el Caribe algunos de los instrumentos de protección social que se han utilizado como respuesta pública ante situaciones de emergencias y desastres son los programas que activan mecanismos extraordinarios de transferencias monetarias o en especie, programas de empleos públicos que entran en ejecución desde que se emite la declaración oficial de emergencia, así como apoyos para la reconstrucción de la vivienda, entre otros.
Creo que este espacio de diálogo y discusión es especialmente importante y oportuno. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven una visión integrada del desarrollo, que toma en cuenta las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo de manera indivisible así como sus inter relaciones. Es así como además de objetivos eminentemente sociales en materia de pobreza, hambre, salud y educación, el objetivo 13, “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”, tiene una meta, la 13.1, que insta a “Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países” y que está estrechamente relacionada con el tema que nos convoca hoy.
La CEPAL acaba de presentar en su 36º Periodo de Sesiones en México, su principal reunión inter-gubernamental, el documento “Horizontes 2030. La Igualdad al Centro del Desarrollo Sostenible” que propone hacer una lectura crítica y constructiva de la Agenda 2030 desde la perspectiva de América Latina y el Caribe así como establecer lineamientos para la formulación de estrategias regionales, sub-regionales y nacionales para su implementación y el logro de los ODS. En dicho documento, la CEPAL argumenta que el modelo de desarrollo predominante no es sostenible y que, para alcanzar los ambiciosos ODS, la región requiere de un cambio estructural progresivo con miras a un gran impulso (“Big Push”) ambiental y patrones de producción, energía y consumo sostenibles y bajos en carbono. Esto implica orientar las políticas económicas, industriales y tecnológicas, sociales, laborales y ambientales, los medios de implementación de la agenda, hacia este objetivo en el marco de renovados pactos entre actores de gobierno, sector privado y sociedad civil. En este contexto, es imprescindible hace hincapié en la vulnerabilidad cada vez más notable a los efectos del cambio climático y a desastres naturales, en particular en territorios como las zonas costeras, sísmicas, inundables, en pequeños estados insulares.
Por supuesto, los esfuerzos nacionales deben ser apoyados por un contexto internacional que los haga posibles. Las Naciones Unidas han generado planes de acción internacional con miras a reducir las pérdidas producidas por desastres en términos sociales, económicos y ambientales, y a prevenir ante los riesgos futuros.
En el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, se establecieron algunas recomendaciones de política social para la reducción de los factores de riesgo, tales como: i) el aumento de la seguridad alimentaria para mejorar la resiliencia de las comunidades ante las amenazas; ii) el fortalecimiento de los mecanismos de la red de protección social de los grupos vulnerables, así como de los programas de acompañamiento psicosocial; iii) la incorporación de medidas de reducción del riesgo de desastres en el proceso de recuperación y rehabilitación que contribuyan a mejorar las capacidades a largo plazo, y iv) la necesidad de asegurarse de que los programas para las personas desplazadas no incrementen el riesgo y la vulnerabilidad de dichas personas ante los desastres.
A su vez, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai, Japón, en 2015, tiene como objetivo prevenir nuevos desastres y mitigar los efectos de los ya ocurridos, mediante la implementación integrada de medidas en lo cultural, económico, ambiental, educacional, social, tecnológico e institucional.
Cabe mencionar que la CEPAL tiene una larga tradición en la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de desastres. Esta experiencia ha sido plasmada en un manual sobre la metodología de evaluación de desastres, cuya más reciente edición es la tercera, de 2014. Esta metodología ha sido utilizada no solo en América Latina y el Caribe sino que también en Asia y África.
Finalmente, aprovecho para agradecer a Laís Abramo y a Simone Cecchini de la División de Desarrollo Social de la CEPAL por la organización de este seminario así como al Ministro Barraza y los colegas del Ministerio de Desarrollo Social de Chile.
Este seminario se lleva a cabo en el marco del proyecto del 8º tramo de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas cuyo título es “Time for Equality: Strengthening the Institutional Framework of Social Policies”. El proyecto es coordinado por la CEPAL y busca fortalecer las capacidades de los países para conceptualizar, diseñar e implementar políticas públicas en el ámbito social.
Les deseo un debate muy fructífero durante esta jornada. Muchas gracias.
