América Latina y el Caribe requiere con urgencia actuar por un nuevo pacto social, un instrumento político basado en un diálogo amplio y participativo que decante los acuerdos y consensos para enfrentar la contingencia y repensar la reactivación post pandemia del COVID-19, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el Panel de Alto Nivel “De un asunto pendiente a uno urgente: la necesidad de un pacto social inclusivo en América Latina y el Caribe”, celebrado en el marco de la Cumbre Ministerial Virtual Sobre Inclusión Social OCDE-América Latina y el Caribe, Informalidad e Inclusión Social en Tiempos de COVID-19.
En el panel, moderado por Miguel Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, participaron también Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México; Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana; Gabriela Ramos, Directora General Adjunta para Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Ana María Rodríguez, Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Hernando Soto, Presidente del Instituto para la Libertad y la Democracia.
Durante su exposición, Alicia Bárcena subrayó que América Latina y el Caribe se enfrenta a una encrucijada civilizatoria y un momento excepcional para repensar y abordar el futuro con un fortalecimiento del rol del Estado, del mercado y la sociedad.
Precisó que la legitimidad, la confianza en los Estados está hoy a prueba y afirmó que, ante la desconexión entre la sociedad y el Estado se debe avanzar hacia amplios pactos sociales en los principales sectores de política, como una vía para concretar estados de bienestar y modelos sostenibles de producción y consumo en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Agregó que estos pactos deben incorporar la sostenibilidad ambiental, la inversión y una política industrial que realmente permita a la región alcanzar el gran impulso para la sostenibilidad.
La máxima representante de la CEPAL subrayó que un pacto fiscal es otro de los ámbitos cruciales, con miras a promover una fiscalidad progresiva y sostenible, asegurando recursos constantes y suficientes para una inversión social permanente para el bienestar, el goce de derechos y la resiliencia de la población.
“Estamos frente a una crisis sin precedentes que requiere transformar el modelo de desarrollo en América latina y el Caribe, y promover políticas sociales universales, redistributivas y solidarias”, afirmó.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que, ante la actual crisis provocada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), la región corre el riesgo de perder 13 años de avances.
Puntualizó que, según las últimas estimaciones de la CEPAL, la región sufrirá una caída del 9,1% en el PIB y un aumento de 5,4 puntos porcentuales de la tasa de desocupación, que llegaría a 13,5%.
En 2020 la pobreza en América Latina aumentaría 7,1 puntos porcentuales (45,4 millones de personas más) en comparación con el año anterior, con lo que el número total de personas que viven en la pobreza llegará a 230,9 millones (37,3% de la población de la región). La pobreza extrema aumentaría 4,5 puntos porcentuales (28,5 millones de personas adicionales), afectando un total de 96,2 millones (el 15,5% de la población), quienes no podrán cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
La desigualdad, por su parte, aumentará 4,7% y la informalidad se ubica en 54% donde las mujeres son las más afectadas representando un 60%. En América Latina en el primer decil de ingreso, 65,8% de los trabajadores no cotiza ni está afiliado a un sistema de salud, comparado con un promedio ponderado de 42,7%, añadió.
Para enfrentar la crisis, expresó, la CEPAL propone implementar un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (147 dólares) por seis meses, con un costo de 1,9% PIB y un bono contra el hambre equivalente a 70% de una línea de pobreza extrema (57 dólares) que costaría 0,45% del PIB; además de subsidios a microempresas, mayor cooperación multilateral y un nuevo pacto social que incorpore la sostenibilidad ambiental.
Añadió que, según cálculos de la Comisión, se perderán 2,7 millones de empresas que representan el 19% del tejido empresarial de la región. Por lo tanto, señaló, la CEPAL propone un subsidio a micro-empresas y expansión de créditos a las pequeñas y medianas sin intereses por 2 años. También el rescate a las grandes empresas estratégicas, pero con ciertas condiciones como que no inviertan en paraísos fiscales y no redistribuyan ganancias entre los socios.
Alicia Bárcena subrayó la necesidad de un pacto internacional, una respuesta multilateral mucho mayor a la actual, que se extienda a los países de ingreso medio que enfrentan limitaciones estructurales y que no están considerados en los mecanismos multilaterales de cooperación asistencial o concesional.
“Esto requerirá asistencia de liquidez de emergencia, derechos especiales de giro, exenciones comerciales, servicio de la deuda, asistencia humanitaria. Esta propuesta se une a la estrategia del Secretario General, António Guterres quien, junto con Jamaica y Canadá, está invitando a ampliar los instrumentos de financiamiento y mirar la sostenibilidad de la deuda de países como el Caribe que no cuentan con buenas espaldas financieras para acudir a los mercados”, afirmó.
Finalmente, Alicia Bárcena resaltó que profundizar la integración regional debe ser un componente esencial de cualquier estrategia de salida a la crisis. Esto implica reforzar nuestros propios encadenamientos productivos y promover el comercio intrarregional, concluyó.
