La CEPAL postuló en 2010 que en América Latina y el Caribe ha llegado “la hora de la igualdad”, lo que implica la impostergable tarea de garantizar plena titularidad de derechos para todas las personas. Pero la igualdad requiere de una mirada sistémica. Porque no sólo en lo social se juega lo social.
Apreciamos en el espíritu que inspira el Pacto Por México —firmado hace unos días—, un horizonte que plantea la construcción de una sociedad más justa en México. Los compromisos contenidos en el Pacto ofrecen ampliar la gama de derechos exigibles por los ciudadanos cuya plena aplicación permitiría al país dinamizar su desarrollo y enfrentar la lacerante desigualdad que abre brechas tan profundas entre sus ciudadanos.
Destacan en dicho pacto los compromisos en pro de un sistema de seguridad social universal, la creación de un seguro de desempleo y un seguro de vida a jefas de familia así como la cruzada contra el hambre. Dichas iniciativas avanzan en la dirección correcta.
Valoramos que el pacto destaque en sus contenidos la noción del empleo como el vehículo insustituible para abatir de manera persistente la pobreza, pues sus efectos trascienden en profundidad y amplitud los de las transferencias hacia las familias de menores ingresos. Sin duda esta centralidad del empleo debe complementarse con el acceso a una educación de calidad, laica y de amplia cobertura, no sólo la básica, sino media y superior. La recuperación efectiva de la rectoría del sistema educativo nacional por el Estado es medular para lograr que la educación rompa el ciclo intergeneracional de reproducción de la pobreza y la desigualdad.
Para hacer efectivos estos compromisos el Estado mexicano tendrá que avanzar en dos frentes: el de la transformación de su estructura productiva y el de la reforma fiscal. Respecto al primero, el pacto hace énfasis en la promoción de una mayor competencia en diversos sectores clave de la economía, entre ellos las telecomunicaciones, radio, televisión y servicios de datos. CEPAL incluso propone el acceso a banda ancha como un bien público. Asimismo, el pacto enfatiza la urgencia de fortalecer la banca de desarrollo e invertir en ciencia y tecnología.
En este empeño, desde nuestra perspectiva es importante complementar esos esfuerzos con una política moderna de desarrollo industrial que dinamice el mercado interno, fortaleciendo ventajas comparativas existentes y construyendo nuevas ventajas basadas en la innovación tecnológica, y que propicie una mejor inserción en cadenas de valor con mayor productividad. Y desde luego no a costa de bajos salarios o flexibilidad laboral.
En materia fiscal, valoramos que se reduzca la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros, se eliminen los privilegios fiscales y se ordenen las finanzas subnacionales. También valoramos el compromiso con la transparencia y la calidad del gasto público. Un nuevo pacto fiscal que coloque a la igualdad, a la estabilidad y a la productividad en el centro de la política económica es crucial para México.
Al retomar la senda por un desarrollo inclusivo, México debe volver su mirada a América Latina y el Caribe. Hay grandes expectativas por recobrar los vínculos históricos, económicos, sociales y políticos con esta nación solidaria. Se requiere de México para una sólida configuración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Echo de menos, empero, en el Pacto por México, la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental urbana y rural, más allá del cambio climático, como temas transversales indispensables.
México dispone de una ciudadanía política madura, de un acervo natural e histórico que reclama pasos audaces. México no puede, ni debe dar carta de naturalidad a la desigualdad ofensiva, a la pobreza pertinaz, al deterioro de nuestro entorno social y natural.
Los ciudadanos serán los jueces de este pacto que debe tener a la igualdad como horizonte, al cambio estructural como camino y a la política como instrumento.
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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