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Las zonas francas contribuyen a diversificar las exportaciones de Uruguay

Nuevo estudio de la CEPAL indica que estas áreas dieron empleo directo a 13.000 personas y generaron 1,7 % del PIB del país en 2010.

5 de diciembre de 2014|Noticia

La actividad económica en las 12 zonas francas autorizadas en Uruguay en 2010 dio empleo directo a 13.000 personas y representó 1,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país en ese año, según un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que destaca que estas áreas han contribuido además a diversificar las exportaciones uruguayas de bienes y servicios.

El informe Un caso de transformación productiva y comercial: zonas francas en el Uruguay analiza la evolución reciente de la actividad económica, del comercio exterior y del empleo en las empresas que están instaladas en esas áreas y utiliza para ello los datos de los censos de zonas francas de 2007 a 2010 que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país.

El documento explica que las zonas francas uruguayas han contribuido a ampliar la oferta exportadora del país porque en ellas se han instalado grandes empresas que producen bienes industriales a una escala mucho mayor que el resto de la economía local y porque son utilizadas además como centros de distribución regional de mercaderías y como plataforma para la exportación de servicios globales.

En conjunto, las exportaciones de bienes y servicios generados en las zonas francas uruguayas ascendieron a casi 2.000 millones de dólares en 2010, de los que unos 600 millones tuvieron como destino otros países de América Latina y el Caribe -lo que incluye 241 millones correspondientes al bloque de Mercosur- y otros 543 millones se dirigieron a la Unión Europea.

Por sectores, los envíos comerciales estuvieron orientados principalmente al bloque de Mercosur y al resto de América Latina y el Caribe, mientras que los industriales se dirigieron sobre todo a Europa y a Asia y los de servicios globales se concentraron en Estados Unidos, aunque también tuvieron cierta inserción regional.

Si se considera el valor agregado bruto, que mide el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo, el nivel de actividad de las zonas francas anotó una tasa de crecimiento anual de 31 % al pasar de 635 millones de dólares en 2007 a 1.427 millones en 2010, año en que representó 1,7 % del PIB de Uruguay.

Esa alza estuvo impulsada principalmente por la industria manufacturera y en particular por la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa en Fray Bentos. Además, la actividad manufacturera generó en 2010 más de la mitad (53 %) del valor agregado bruto de las zonas francas. Detrás se situó la intermediación logística, con 22 % del total.

Por otra parte, en 2010 había 1.400 empresas registradas en las zonas francas uruguayas, pero 28 % de ellas no tuvo actividad. De las 1.030 compañías activas, 27 % se dedicaba a la intermediación comercial de mercadería que ingresa a territorio nacional, mientras que los sectores financiero, de servicios profesionales y de trading (intermediación comercial sin movimiento físico de la mercadería) representaban 17 % cada uno.

Por otra parte, en 2010 las zonas francas daban trabajo directo a 13.327 personas, unas 2.000 más que en 2007, lo que supone un crecimiento anual de 6 %. De ellas, 10.086 eran empleados dependientes.

Respecto a las remuneraciones, los salarios que más crecieron fueron los de la industria manufacturera (24 % anual), mientras que los sueldos más elevados correspondieron al sector financiero, con 53.593 dólares anuales en 2010, el doble de la media, que se situó en 25.058 dólares.

Según la legislación uruguaya, las zonas francas son áreas cercadas y aisladas cuya administración, supervisión y control está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cada zona franca puede ser explotada por el Estado o por particulares autorizados para ello y las empresas que se instalan en ellas no pueden desarrollar sus actividades fuera de las mismas. Esas compañías se benefician de un régimen de tratamiento especial que incluye exenciones fiscales y otros beneficios.

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