La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha profundizado los problemas estructurales del mundo del trabajo lo que derivará en un aumento de la desocupación, la pobreza y la desigualdad. Por ello, los países requieren un nuevo pacto político que asegure una protección social universal para todas y todos los trabajadores de la región, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria de las Naciones Unidas, participó en el lanzamiento del libro El futuro del trabajo: Los sindicatos en transformación, publicado por la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Junto a Alicia Bárcena participaron Maria Helena André, Directora de ACTRAV/OIT; Rafael Freire Neto, secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA); Gerardo Martínez, Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, y Rosa Flerez, Secretaria General de Confederación de Trabajadores de Colombia. La moderación estuvo a cargo de Amanda Villatoro, Oficial responsable de ACTRAV/OIT para América Latina y el Caribe.
Durante su presentación, Alicia Bárcena advirtió que la pandemia ha profundizado los problemas estructurales del mundo del trabajo. Precisó que 54% de los trabajadores latinoamericanos son informales, 20,6% de los ocupados viven en pobreza y 5,7% en pobreza extrema.
Añadió que el impacto de la pandemia conlleva una gran desigualdad de género. Las mujeres tienen menos probabilidad de trabajar, mayor tasa de desocupación y están sobrerrepresentadas en empleos mal pagados y desprotegidos: 60% de ellas trabajan en sectores informales.
Además, 20% de los jóvenes no trabajan ni estaban recibiendo educación o capacitación, y muchos trabajadores y trabajadoras no tienen derecho a crear sindicatos ni participar en ellos: en 20 de 25 países hay limitaciones al derecho a la negociación colectiva, indicó.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que la región sufrirá una caída del -9,1% del PIB en 2020, la peor en 100 años, y un desplome del comercio del -23%, con fuertes efectos negativos en el mercado del trabajo.
“Vemos una reducción de horas, caída de salarios y despidos en el trabajo formal, donde se podrían perder cerca de 9 millones de empleos. En el trabajo informal, en tanto, hay una caída del empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, y menor acceso a compensaciones de ingreso”, precisó.
Añadió que la destrucción de empresas a raíz de la pandemia afectará gravemente al empleo formal (34%). Precisó que, según estimaciones de la CEPAL, cerrarán 2,7 millones de empresas en la región, de las cuales 2,6 corresponden a microempresas. Los sectores más afectados serán el comercio, con una pérdida de 2,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales; y el turismo, que perderá por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.
Alicia Bárcena advirtió que la pandemia afectará a 44 millones de personas alcanzando una tasa de desocupación de 13,5%. Puntualizó que, en los estratos bajos, el 76,2% de los trabajadores no está afiliado a un sistema de pensiones y que 8 de cada 10 latinoamericanos no ganan más de 500 dólares por mes.
Para hacer frente al fuerte impacto social derivado de la crisis, la CEPAL propone implementar un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (147 dólares) por seis meses, con un costo de 1,9% del PIB y un bono contra el hambre equivalente a 70% de una línea de pobreza extrema (57 dólares) que costaría 0,45% del PIB; además de mayores plazos y períodos de gracia en los créditos a Mipymes y cofinanciamiento parcial de la nómina salarial; apoyo con condicionalidad a grandes empresas en sectores estratégicos en riesgo; políticas fiscales y monetarias expansivas y progresivas, y cooperación para financiamiento en condiciones favorables.
También propone un pacto político para un Estado de bienestar y políticas sociales universales, progresivas y distributivas con miras a desmantelar la cultura del privilegio.
La máxima representante de la CEPAL alertó además que el 16% de los empleos en la región están con un alto riesgo de sustitución tecnológica. Sin embargo, señaló, las nuevas tecnologías pueden abrir espacios para la generación de nuevos empleos en la introducción misma de estas tecnologías, en el surgimiento de nuevos bienes y servicios, y en nuevos modelos de negocios.
“Tenemos que potenciar que el impacto positivo de los cambios tecnológicos y digitales en el mundo laboral sea a favor de los trabajadores. Se requiere un renovado diálogo social para desarrollar regulaciones laborales y ajustarlas a este nuevo contexto aprovechando las tecnologías y que no se genere mayor precarización”, subrayó.
Finalmente, Alicia Bárcena recalcó que la recuperación post pandemia debe ser distinta, con un nuevo modelo de desarrollo, y un pacto social y político donde exista una nueva ecuación entre un Estado social, el mercado y la sociedad, para lograr un régimen universal de protección social y acceso a bienes públicos básicos.
“Estamos ante una encrucijada civilizatoria en la cual tenemos que fortalecer el movimiento laboral y a los sindicatos porque no cabe duda de que es el trabajo la llave maestra para vencer la desigualdad y para salir de esta pandemia’’, concluyó.
