La inversión en infraestructura y la coordinación público-privada son algunos de los principales elementos que deben considerar los países de la región para desarrollar planes de adaptación al cambio climático, especialmente frente a los cambios de largo plazo que se observan en los recursos hídricos, plantearon expertos en la inauguración este miércoles 29 de octubre de un seminario en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.
El evento denominado Recursos hídricos bajo incertidumbre y riesgo al cambio climático: herramientas para los tomadores de decisión de los sectores público y privado es organizado por la CEPAL, en conjunto con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus siglas en inglés), el Programa CEPAL-BMZ/giz y la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).
La inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo y los estudios sobre los costos y efectos del cambio climático permiten anticiparse y adaptar los proyectos de infraestructura para las próximas décadas, aseguró Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL.
En la apertura del seminario-taller, que finaliza el jueves 30, también intervinieron Fernando Farías, Jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile; Mark Redwood, Líder del Programa de Cambio Climático y Agua del IDRC; Jürgen Klenk, Asesor Principal de la agencia de cooperación alemana GIZ; y Manuel José Vial, Presidente de ICC Chile y Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile.
Los representantes destacaron la oportunidad del encuentro, previo a la 20 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20) que tendrá lugar en diciembre en Lima, y alertaron sobre la compleja situación hídrica que podría vivir la región en los próximos años como consecuencia del crecimiento económico de los países en combinación con los efectos del calentamiento global.
Los expertos coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado, además de la academia, para desarrollar políticas de adaptación que consideren una administración del riesgo apropiada para los cambios en los recursos hídricos en el contexto del cambio climático.
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