Nota informativa
En una nueva publicación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea la necesidad de promover la gobernanza de los recursos naturales en los países de la región para maximizar su contribución al desarrollo con criterios de igualdad y sostenibilidad, así como de fomentar un cambio estructural de largo plazo asociado a la innovación y el desarrollo tecnológico que reduzca la dependencia de los sectores extractivos.
El informe, titulado Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe, es una contribución de la CEPAL a los debates que se desarrollan en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y fue entregado a los cancilleres de los países miembros de dicho organismo durante la cumbre que se celebró en Cuba a fines de enero.
La CEPAL plantea la gobernanza de los recursos naturales como el conjunto de políticas soberanas de los países sobre la gestión de la propiedad y la apropiación y distribución de las rentas para maximizar su contribución al desarrollo sostenible, sobre la base de instituciones fuertes capaces afrontar los desafíos macroeconómicos, fiscales y de inversión pública.
América Latina y el Caribe cuenta con un tercio de las reservas de agua dulce de todo el mundo, una quinta parte de los bosques naturales, 12 % de los suelos cultivables de todo el mundo y abundante biodiversidad y ecosistemas de importancia climática global, como el Amazonas, además de cuantiosos recursos ligados a los sectores de la minería y los hidrocarburos.
Según el documento, en la región se concentra al menos 49 % de las reservas de plata (Perú, Chile, Bolivia y México), 44 % de las reservas de cobre (Chile, Perú y, en menor grado, México), 33 % de las reservas de estaño (Perú, Brasil y Bolivia) y 22 % de las reservas de hierro (Brasil, Venezuela y México), entre otros metales y minerales.
Además, de acuerdo a cifras de 2012, América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo con mayor cantidad de reservas petroleras, después de Oriente Medio, y concentra una proporción superior a 20 %. Un dato menos favorable es el de las reservas gasíferas regionales, que perdieron relevancia en la última década al situarse en torno al 4 % del total mundial.
En el caso de América del Sur, los recursos naturales - incluidos los envíos del sector agroindustrial, además de los mineros, hidrocarburos y otros- representan más de 70 % de las exportaciones totales.
Respecto a su valor de mercado, el informe señala que a mediados de 2013 el aumento de los precios internacionales de los productos básicos se había moderado después de una década alcista, aunque todavía se encontraban en niveles altos en comparación con los registrados entre 1980 y 2013.
Para obtener ingresos derivados de la exportación de productos básicos, los Estados habitualmente emplean instrumentos fiscales, como el impuesto a la renta y las regalías aplicadas a las empresas dedicadas a actividades extractivas, y en ocasiones participan también en la explotación de los recursos, ya sea por medio de empresas públicas o de la propiedad de acciones.
La CEPAL advierte que históricamente América Latina y el Caribe ha tenido dificultades para traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos naturales en procesos de desarrollo económico de largo plazo, con niveles de crecimiento estables que permitan reducir de manera drástica la pobreza y elevar el ingreso per cápita.
Para alcanzar ese objetivo, el organismo regional de Naciones Unidas defiende la necesidad de avanzar hacia consensos políticos que incluyan una mayor progresividad en la participación del Estado en las rentas por explotación de los recursos naturales -es decir, que durante los ciclos de precios altos aumente el porcentaje de la recaudación estatal- y el desarrollo de mecanismos institucionales que permitan el ahorro sistemático de esas rentas extraordinarias y su inversión pública eficiente en educación, salud, infraestructura, innovación, etc.
La CEPAL también aboga por desarrollar una política de Estado orientada a un cambio estructural con una diversificación productiva de largo plazo, que haga posible reducir la dependencia de los sectores extractivos y potenciar nuevas industrias asociadas a la innovación y la tecnología.