Desde el 8 al 10 de octubre se celebró en Buenos Aires, Argentina, la reunión anual del programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea para promover el desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático en 18 países de América Latina, el cual es implementado coordinadamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión Europea y seis agencias internacionales de cooperación.
El encuentro se enfocó en revisar el avance de los proyectos financiados por el programa y analizar las acciones que se están ejecutando en la región para el cumplimento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, así como trabajar en la mejora de las políticas públicas asociadas al cambio climático.
La primera jornada fue inaugurada por la Embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Maio-Coliche, el Secretario de Gobierno de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Rabino Sergio Bergman, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Alfonso Alonzo, y la Directora de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Carolina Urmeneta, país anfitrión del encuentro realizado el año pasado.
Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, integró el panel de discusión de alto nivel del evento junto al Secretario de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Carlos Gentile, y al Ministro Alfonso Alonzo de Guatemala, instancia donde se abordó el estado actual de la implementación del Acuerdo de París en América Latina.
Respecto a los mecanismos de financiamiento climático en la región, Samaniego comentó que solo cuatro países en América Latina cuentan con impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero e hizo un llamado a “no apostar solamente a fondos internacionales y pensar en una estrategia que incluya la movilización de fondos nacionales”.
Samaniego también presentó la iniciativa regional “Precio social del carbono” que está impulsando la CEPAL en el marco de EUROCLIMA+ para incentivar la incorporación de criterios de sostenibilidad en las evaluaciones de los proyectos de inversión pública en sectores clave como infraestructura, energía y transporte.
“El precio social del carbono es una manera concreta de llevar la ética a la economía”, sostuvo Samaniego, destacando que “interactúa de forma positiva con instrumentos como el impuesto al carbono”.
En el encuentro se enfatizó la relevancia que tiene el trabajo regional en el fortalecimiento de temas de competitividad, industria y gobernanza para enfrentar el cambio climático en América Latina y El Caribe. “Quitar el subsidio a los combustibles fósiles es más fácil si se articula un impuesto regional en vez de que sea una batalla de un solo país o de un solo nivel subregional”, dijo Samaniego.
Sobre las oportunidades que se presentan a nivel latinoamericano, agregó que “si estamos generando un cambio de patrón de consumo, eso debe ser a la escala adecuada. Por ejemplo, en la región podríamos estar fabricando las tecnologías para el tratamiento de los residuos sólidos al mismo tiempo que vamos haciendo más estrictas las normas de tratamiento de este tipo de residuos”.
El encuentro anual de EUROCLIMA+ finalizó con una jornada dedicada al trabajo entre los puntos focales nacionales, donde se hizo un llamado a fortalecer el diálogo con los sectores y territorios para una mejor implementación de las iniciativas y de los proyectos que contempla el programa.
Sobre EUROCLIMA+
EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables. El Programa se implementa bajo el trabajo sinérgico de siete agencias: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Expertise France (EF), Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y ONU Medio Ambiente.
