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La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, afirmó hoy que la desigualdad en la región es estructural, multidimensional e ineficiente, y constituye un obstáculo para el desarrollo porque está asentada en una matriz productiva altamente heterogénea y poco diversificada, y en una cultura del privilegio.
La máxima representante de la CEPAL participó hoy, vía videoconferencia, en la reunión del equipo directivo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó en Lima, Perú.
Durante su presentación, Alicia Bárcena afirmó que el desencanto y el enojo expresado por la ciudadanía en varios países de la región, presenta un punto de quiebre respecto a la continuidad de un modelo que se asocia a tres décadas de concentración de la riqueza, un deterioro ambiental con insuficiente crecimiento, y con instituciones que reproducen comportamientos de agentes con mayor poder económico y político.
A esto se suma la propensión rentista que se nutre originariamente del acceso privilegiado a la propiedad de los recursos naturales y a la economía financiera, señaló.
“La cultura del privilegio, herencia de nuestros vestigios coloniales, naturaliza jerarquías sociales y enormes asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos. La cultura del privilegio naturaliza las desigualdades, la discriminación y aborda la equidad y no la igualdad con un enfoque asistencialista y no de empoderamiento”, afirmó Alicia Bárcena.
Para enfrentar el flagelo de la desigualdad en la región, precisó, se requieren políticas universales de inclusión social y laboral que contribuyan a aumentar las capacidades humanas, la productividad y el crecimiento económico, a la vez que instalan una cultura de derechos y de ciudadanía social.
“Hay que reformular los sistemas educativos con urgencia ante los rápidos cambios tecnológicos, con sistemas escolares, de educación superior y de formación continua que provean de capacidades universales y pertinentes. También se deben fortalecer los sistemas de protección social y de cuidados para hacer visible el trabajo no remunerado de las mujeres y aliviar el peso del cuidado que recae sobre ellas”, señaló.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas subrayó que la región requiere de un nuevo pacto social como instrumento político para implementar, en un contexto democrático, las políticas y las reformas institucionales con perspectiva estratégica, de mediano plazo y con menores riesgos de que sean revertidas.
“El pacto social es necesario ante un momento de cambios en las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, con efervescencia social y nuevas modalidades de participación. A este pacto, la ciudadanía debe concurrir como sujeto portador de derechos de cuyo cumplimiento el Estado es garante”, concluyó.
