La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reafirmó su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas durante el V Encuentro de Autoridades de Gobiernos y Pueblos Indígenas, realizado del 25 al 27 de marzo en Santa Marta, Colombia, en el marco del proceso preparatorio de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en noviembre de 2026 en Madrid, España.

La reunión, organizada por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), promovió un análisis sobre la situación de más de 60 millones de personas indígenas en la región, incorporando las perspectivas de líderes indígenas, representantes gubernamentales, la banca de desarrollo y organismos internacionales.

La CEPAL estuvo representada por Alicia Williner, especialista del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), quien expuso las acciones que el organismo, a través del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y bajo la coordinación de la funcionaria Fabiana del Popolo, ha desarrollado en estos años de colaboración permanente con FILAC. Asimismo, se presentaron otras iniciativas impulsadas desde distintas divisiones de la CEPAL y del ILPES, orientadas a mejorar las condiciones de vida de las 826 comunidades indígenas existentes.

En el marco del encuentro, los países aprobaron la Declaración de Santa Marta, que reafirma el compromiso de los Estados iberoamericanos y de los Pueblos Indígenas de avanzar en la implementación del Plan de Acción de Iberoamérica sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya vigencia fue extendida hasta 2038. El objetivo es consolidar avances estructurales en la garantía de derechos y enfrentar desafíos persistentes y emergentes.

La Declaración también subraya progresos en materia de igualdad de género y derechos de mujeres y niñas indígenas, mediante la promoción de la Recomendación General N.º 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Asimismo, resalta la importancia de generar evidencia y datos desagregados para orientar políticas públicas, incluyendo iniciativas como el informe regional sobre niñez y adolescencia indígena.