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Seminario/Taller La Minería, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Democracia Ambiental en los Países Andinos

Palabras de Bienvenida de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL.

11 de julio de 2016|Discurso

Palabras de Bienvenida

Sr. Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto

Seminario/Taller La Minería, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Democracia Ambiental en los Países Andinos

CEPAL- 11 a 13 de julio de 2016

 

Señora Aurora Williams, Ministra de Minería de Chile

Sr. Michael Roesch, Director Residente Subrogante de la Cooperación Alemana

Amigas y amigos,

 

Quiero iniciar estas palabras brindándoles a todas y todos la más cordial bienvenida a la CEPAL, y agradeciendo, muy especialmente a la cooperación Alemana. Este Seminario se realiza en el marco de las actividades que viene realizando la CEPAL con la cooperación alemana en materia de minería y gobernanza de los recursos naturales en la región y que incluye entre sus componentes el de democracia ambiental en la explotación de los recursos naturales.

 

El contexto internacional

Nos enfrentamos hoy a un cambio de época. En un contexto mundial de pérdida de dinamismo e inestabilidad del sistema económico, creciente desigualdad, riesgo para la paz, la seguridad y una grave crisis ambiental, se hace evidente que el estilo dominante de desarrollo en América Latina y el Caribe es insostenible. A la degradación del medio ambiente y los ecosistemas y la depredación de los recursos naturales, asociados a las dinámicas insostenibles de producción y consumo y la concentración urbana, se suman los retos globales como el cambio climático cuyos impactos afectan sobremanera a nuestra región y una creciente responsabilidad en el comercio internacional, incluido el de las materias primas.

 

Estos profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales han motivado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional a través de esfuerzos que han madurado durante más de dos decenios. Me refiero a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los 193 países representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron en septiembre de 2015.

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es universal e indivisible y expresa el consenso internacional en torno a un nuevo estilo de desarrollo. Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tiene también por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad.

 

Aspira entre otros a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.

 

Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de cooperación que aglutinará a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias. Requerirá, por tanto, de acciones y coaliciones en el nivel nacional, regional y mundial.

 

Materializar los 17 Objetivos y sus metas e indicadores exigirá una nueva y más incluyente visión del desarrollo para los próximos 15 años. Nos enfrenta al desafío de cambiar el modo actual de hacer las cosas, es decir, a un nuevo estilo de desarrollo. Se trata de tener el coraje de plantearse otras preguntas, vencer el cortoplacismo e imaginar y construir un futuro distinto.

 

Desde la CEPAL hemos planteado que erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger nuestro planeta, requiere de democracias más participativas y transparentes, en las que las personas estén activamente involucradas en las decisiones sobre el tipo de sociedad que se desea construir. La democracia ambiental está así en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que garantiza que todas las personas, especialmente las personas tradicionalmente excluidas o en situación de vulnerabilidad, puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y que las decisiones respecto del manejo de los recursos naturales aborden de manera adecuada los intereses de todos los actores de la sociedad.

 

La democracia ambiental

Si bien no existe una definición única de lo que se entiende por democracia ambiental, existe consenso en que el elemento central del concepto radica en que la toma de decisiones con implicaciones ambientales debe ser participativa, abierta e inclusiva. Su significado se encontraría en el proceso de toma de decisiones más que en el resultado mismo de esa decisión.

 

La democracia ambiental se sustenta en tres derechos relacionados entre sí e interdependientes:

  • el derecho a acceder de manera efectiva y oportuna a la información ambiental,
  • el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente y
  • el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales o la compensación por daños ambientales.

 

Estos tres derechos han sido reconocidos internacionalmente en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y constituye la base sobre la que se sustenta la democracia ambiental.

 

La gobernanza de los RRNN

La nueva agenda de desarrollo acordada por los países impone nuevas acciones y desafíos para todos los sectores productivos y muy especialmente en la gobernanza de los recursos naturales en nuestra región.

 

América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales. Los ejemplos son numerosos. En minería, Chile es el mayor productor mundial de cobre; el Perú se ubica entre los primeros productores mundiales de plata, cobre, oro y plomo; el Estado Plurinacional de Bolivia es el cuarto productor de estaño de mina y el sexto productor de plata; Colombia es el séptimo productor de níquel refinado, el primero de esmeraldas y el décimo de carbón.

 

Por otra parte, la región posee una gran reserva de biodiversidad, principalmente en la Amazonia. Seis de los diecisiete países denominados megadiversos en el mundo pertenecen a la región: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y República Bolivariana de Venezuela.

 

Es nuestra convicción profunda que en esta región la gobernanza de los recursos naturales es una palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

 

El concepto de gobernanza que propone la CEPAL tiene un propósito claro, gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la redistribución de las ganancias de productividad, para que sea el conjunto de la sociedad quien se beneficie de la dotación de los recursos naturales.

 

La gobernanza se ejerce a través de las instituciones formales establecidas en cada país, que determinan en su conjunto los derechos de propiedad sobre los recursos, los regímenes de concesiones que norman su explotación y el tratamiento fiscal específico de esos sectores. También supervisan los mecanismos creados por el Estado para la captación, el ahorro y el uso de las rentas públicas provenientes de los sectores extractivos de recursos naturales.

 

Desde 2003, el período de auge en la demanda internacional de bienes primarios que exporta nuestra región resultó fundamental en la mejora del desempeño macroeconómico y la holgura fiscal de los países exportadores. El crecimiento económico generado durante la última década se tradujo en un significativo aumento del consumo y la disminución de la pobreza en los países de la región. Además, la holgura fiscal permitió a varios países aplicar políticas anticíclicas que defendieron a la región frente a los impactos de la crisis global de 2008-2009. Por encima de todo, se lograron importantes mejoras en los índices socioeconómicos y de bienestar de la población que no se veían desde hacía mucho tiempo.

 

Hoy nos encontramos ante una nueva situación. El desafío que enfrentan los países es consolidar estos avances más allá de la volatilidad de los ciclos de precio internacionales y lograr convertir este capital natural en capacidades productivas de largo plazo.

 

Históricamente, los países de América Latina y el Caribe han tenido dificultades para traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos naturales en procesos de desarrollo económico de largo plazo, con niveles de crecimiento estables e inversión pública que contribuya a elevar sostenidamente el ingreso per cápita y la productividad para la mayoría de la población, reduciendo drásticamente la pobreza y mejorando la distribución del ingreso. Necesitamos dar un salto, superar el paradigma extractivista y orientar todos nuestros esfuerzos a transformar la riqueza que deriva de nuestros recursos no renovables en una nueva y perdurable cantera de recursos renovables por medio de la educación, el desarrollo de la investigación, la ciencia y tecnología.

 

Ello demanda una mirada de largo aliento, en la que las rentas de los recursos naturales se traduzcan en inversiones públicas eficientes para el logro de más y mejor educación, el desarrollo de las capacidades humanas y tecnológicas, mejoras de infraestructura productiva y acceso a servicios básicos.

 

También es importante aprovechar esos excedentes para revertir rezagos y asimetrías sociales acumuladas con el fin de incorporar a los grupos socioeconómicos menos favorecidos al proceso de desarrollo.

 

Desde el punto de vista del Estado, mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región implica resolver al menos tres importantes desafíos de política pública:

El primero, asegurar una participación progresiva en las rentas económicas de los sectores extractivos sin perjudicar el dinamismo de inversión que vienen registrando estos sectores. Si bien los marcos tributarios del sector de los hidrocarburos han avanzado mucho en este sentido, no ocurre lo mismo con el sector minero, donde hay espacio para la introducción de mayor progresividad en la participación estatal. Ello requerirá mayor coordinación entre nuestros países para actualizar conjuntamente los marcos fiscales vigentes, evitando así la competencia fiscal perversa que actúa en sentido opuesto.

 

El segundo desafío consiste en institucionalizar mecanismos efectivos de ahorro e inversión de largo plazo que eviten la disipación de las rentas de los recursos naturales en gasto corriente en lugar de su inversión efectiva en la acumulación de capacidades humanas y tecnológicas, infraestructura productiva y la reversión de los rezagos y asimetrías sociales acumulados.

 

Y el tercer desafío radica en fortalecer la capacidad de los Estados e instituciones para una gestión pública y una resolución eficaces del creciente número de conflictos socioambientales asociados al desarrollo de proyectos en sectores extractivos. Este es un tema de creciente preocupación para los gobiernos de la región, con respecto al cual la mayoría de nuestros países no han conseguido institucionalizar mecanismos de respuesta y compensación adecuados, que logren una resolución expedita de estos conflictos por la vía administrativa y eviten su judicialización, que perjudica las aspiraciones de todos los actores.

 

Amigas y amigos, resolver con éxito estos desafíos exige pactos políticos muy sólidos para que los Estados logren manejar idóneamente los flujos de las rentas y eviten así sus efectos negativos. Entre esos efectos cabe destacar la apreciación del tipo de cambio, que impacta a los productores nacionales fuera de los sectores extractivos (“enfermedad holandesa”), y también el llamado “rentismo” (o pereza fiscal), que implica sustituir el imprescindible esfuerzo de consolidar un sistema tributario sólido que pueda asegurar el balance de las finanzas públicas a largo plazo por el uso discrecional de los flujos volátiles de renta de recursos como gasto corriente.

 

La evidencia internacional muestra que los países que no cuentan con la institucionalidad adecuada para manejar estos efectos negativos tienden hacia menores tasas de crecimiento que los que no poseen recursos naturales.

 

Frente a esta problemática, la CEPAL enfatiza el rol clave de las instituciones en los países ricos en recursos naturales. Una adecuada gobernanza de los recursos naturales está directamente relacionada con la calidad de las instituciones del país. Un tema pendiente en la región es revisar y fortalecer la institucionalidad, los marcos regulatorios y los instrumentos que permitan maximizar la contribución de los sectores de recursos naturales al desarrollo regional.

 

Conclusión.

Para fortalecer una institucionalidad capaz, que gobierne la relación de la sociedad con los recursos de ayer, hoy y mañana, es imprescindible garantizar mayor transparencia y control social sobre el manejo de las rentas públicas derivadas de la explotación de estos recursos y su distribución entre distintos actores y niveles de gobierno, así como sobre los mecanismos que permitan asegurar la inversión pública eficiente de estas rentas y su canalización efectiva para sentar las bases del proceso de desarrollo sostenible e inclusivo que nuestros países aspiran a largo plazo.

 

En la certeza de que las jornadas que aquí inauguramos serán fecundas, les reitero la bienvenida y nuestros deseos de éxito.

 

Muchas gracias. 

 

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