Para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger el planeta, se requiere de democracias más participativas y transparentes, en donde las personas estén activamente involucradas en las decisiones sobre el tipo de sociedad que se desea construir, señalaron autoridades y expertos reunidos en un seminario que se realiza en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.
El seminario/taller “La minería, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Democracia Ambiental en los Países Andinos”, organizado por la CEPAL con el apoyo de la Cooperación Alemana, congregará hasta el miércoles 13 de julio a funcionarios gubernamentales y académicos de varios países de la región, además de expertos internacionales de las Naciones Unidas, quienes debatirán sobre cómo el sector minero puede contribuir a alcanzar los ODS en la región.
El encuentro fue inaugurado este lunes 11 por Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, quien remarcó que la democracia ambiental –es decir, el derecho a acceder a la información, la toma de decisiones y a la justicia en materias ambientales- está en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015.
Prado explicó que estos derechos han sido reconocidos internacionalmente en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (de 1992), que constituye la base de la democracia ambiental.
“América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales, especialmente mineros. Es nuestra convicción profunda que en esta región la gobernanza de los recursos naturales es una palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030”, indicó.
Esta gobernanza implica gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la distribución de las ganancias de las rentas de los recursos naturales, para que el conjunto de la sociedad pueda beneficiarse de la explotación de los recursos naturales, explicó el Secretario Ejecutivo Adjunto del organismo regional de las Naciones Unidas.
Michael Roesch, Director Residente subrogante de la Cooperación Alemana, indicó por su parte que la Agenda 2030 y los ODS establecen un marco muy claro y explícito que regirá a la cooperación para el desarrollo en los próximos años. Remarcó que se trata de una agenda que abarca varios sectores, no solo a los gobiernos, sino también necesitará la participación del sector privado y la sociedad civil.
En relación a la minería, reconoció que será un gran reto aplicar la Agenda 2030 a las actividades mineras, no solo por su importancia como sector económico, sino porque conlleva situaciones de alta conflictividad que afectan a las sociedades donde se realizan los proyectos mineros.
Ignacio Moreno, Subsecretario de Minería de Chile, indicó que no existe otro sector que genere tanto impacto en la economía nacional. Señaló como ejemplo que la minería dio cuenta del 57% de las exportaciones chilenas el año pasado y representó el 11% del PIB promedio del país en los últimos cinco años.
Reconoció asimismo que es necesario avanzar hacia proyectos mineros de valor compartido, en donde se entreguen mayores posibilidades de participación y se puedan relacionar de mejor manera con las comunidades que afectan, que están cada vez más organizadas, y así revertir la degradación que ha sufrido su imagen.
“Debemos construir un paradigma nuevo en la relación entre el Estado, el sector minero y las comunidades”, remarcó Moreno.
Durante la primera sesión del seminario, el Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Joseluis Samaniego, presentó los resultados del proyecto sobre el Fortalecimiento de la Democracia Ambiental en la Minería, que la institución lleva a cabo en conjunto con la Cooperación Alemana.
Junto con explicar las dimensiones clave de la Agenda 2030 para América Latina y el Caribe, Samaniego detalló el rol del Estado, la sociedad civil y el sector privado en el cumplimiento de esta nueva agenda, e indicó los desafíos que aún tiene la minería para insertarse en esta ecuación de democracia ambiental que busca relevar la importancia del círculo virtuoso entre derechos humanos, medio ambiente y derechos de acceso, consagrados en el Principio 10.
