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Seminario “La Constitución de la Ciudad de México y la Agenda 2030”

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

15 de agosto de 2017|Discurso

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el Seminario “La Constitución de la Ciudad de México y la Agenda 2030”

15 de Agosto

Sede Subregional de la CEPAL

Ciudad de México

 

Alejandro Encinas, Senador de la República y Presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,

Porfirio Muñoz Ledo, Comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México y Coordinador del grupo redactor del proyecto de Constitución y Constituyente,

Adolfo Ayuso, Director General de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Presidencia de la República.

Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en México,

Hugo Beteta, Director de la sede Subregional de la CEPAL en México,

Estimadas y estimados colegas del Sistema de Naciones Unidas en México,

Amigas y amigos,

 

Saludo con afecto la realización de este Seminario de Análisis sobre la Constitución de la Ciudad de México y el papel que ella está llamada a jugar para el cumplimiento de la Agenda 2030 y para el logro de un nuevo estilo de desarrollo que ponga la sostenibilidad y la igualdad en el centro.

La Agenda 2030 tiene alcances civilizatorios y para darle cumplimiento, las ciudades están llamadas a jugar un papel de primer orden. En particular las grandes ciudades que cuentan a su vez con grandes economías pero que también, como la Ciudad de México, son reconocidas por su energía política, su creatividad intelectual y su capacidad de innovación.

Un antecedente fundamental para el análisis de la Constitución de la Ciudad de México es recordar que México, como país, llevó a cabo en 2011 una de las reformas constitucionales más importantes en tiempos recientes: la reforma de derechos humanos.

En este marco, puede decirse que la Constitución de la Ciudad de México es uno de los primeros, más valiosos y completos esfuerzos para armonizar de manera integral la legislación local con los postulados y compromisos de la reforma de derechos humanos de 2011 y es también una contribución destacada para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Para aquilatar en su debida dimensión la contribución que la Constitución de la Ciudad de México puede hacer al proceso de cumplimiento de esta agenda global, permítanme subrayar alguno de los propósitos fundamentales de la nueva agenda global que, en un hecho histórico, fue aprobada en 2015 de manera unánime por todos los países del Sistema de Naciones Unidas.

En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que conforman la Agenda 2030, los países expusieron “una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa”.

En ellos plasmaron su deseo de “un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia; un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y universal a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que se reafirmen los compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible”.

“Los países se mostraron resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.

En su visión contemplaron “un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables”.

Contemplaron “un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales; un mundo en el que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre.”

En consonancia con la Agenda 2030, la Ciudad de México se ha dotado de un nuevo marco jurídico para la formulación de un nuevo ciclo de políticas urbanas, económicas, sociales y ambientales poniendo en el centro el concepto de derecho a la vida digna y a la mejora continua de las condiciones de vida y a la garantía de la sostenibilidad.

En este marco, se encuentran en la Contitución avances de gran importancia como son la de desarrollar un amplio sistema de cuidados y la implantación del derecho a un mínimo vital, ambos comprendidos bajo la lógica de los derechos humanos emergentes.

Encontramos en la Constitución el propósito de articular política social y política económica con política económica y política de desarrollo territorial para un nuevo estilo de desarrollo que incluya en su corazón la creación de un Estado social y democrático de derechos a la altura de los desafíos del presente siglo y de las aspiraciones de la Agenda 2030.

No son menores tampoco, y debieran valorarse en su justa dimensión, las propuestas de innovación institucional presentes en el nuevo texto constitucional, tales como el reconocimiento de un nuevo derecho, el derecho a la buena administración, la conformación de un Instituto de Planeación de la Ciudad de México, con el que la Ciudad se suma a la tendencia latinoamericana de recuperación de la función de la planificación; la conformación de un órgano autónomo de evaluación de todas las políticas (no sólo las sociales), con facultad de emisión de recomendaciones vinculatorias y poniendo la evaluación al servicio del desarrollo y los derechos antes que a la contención y ajuste del gasto.

Asimismo, es de destacar la creación de las Alcaldías como gobiernos territoriales con un inicial sistema de pesos y contrapesos; la conformación del Cabildo de la Ciudad como espacio de coordinación y articulación entre las alcaldías y el gobierno central; la instauración del sistema de profesionalización de los servidores públicos y la conformación del servicio civil de carrera.

Visto en su conjunto es un cuerpo normativo que apunta a abrir una nueva conversación y que permite colocar en la arena pública temas y problemas que posiblemente no habían tenido la atención que merecían.

En particular, me parece de la mayor importancia que la Constitución plantee la relevancia de contar con una política económica con propósitos de innovación, redistribución y sostenibilidad y que abra la puerta para discutir la especificidad de los derechos económicos, entre los que debieran incluirse tanto los derechos del mundo del trabajo (formal, no formal, remunerado y no remunerado) como los derechos al cuidado y a un ingreso básico universal o derecho a un mínimo vital, todos ellos contemplados, como he señalado, en el texto de la Constitución de la Ciudad de México.

Adicionalmente, la Constitución es una herramienta de gran utilidad para avanzar en el cumplimiento de dos objetivos de la Agenda 2030 que quisiera poner de relieve.

El Objetivo 11 que establece el imperativo de “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y el Objetivo 16 que postula “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

Respecto al primero de ellos, el nuevo marco jurídico que representa la Constitución de la Ciudad de México aporta herramientas centrales para avanzar en el cumplimiento de metas tan significativas como “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales; (…) proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, (…) aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos”

Asimismo la Constitución de la Ciudad de México permite avanzar hacia el logro de objetivos y metas de la Agenda 2030, tales como “reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo y “proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.

Con relación al objetivo 16, la Constitución de la Ciudad de México, con todas las innovaciones de diseño institucional a las que he hecho referencia, incluyendo las propuestas de reforma al poder judicial, permitirán acercar a la Ciudad al logro de metas tan significativas como “reducir considerablemente todas las formas de violencia, poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños.

Asimismo la Constitución está en línea con la meta de la Agenda 2030 para “promover el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

También lo está con el propósito de “garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.”

En resumen, la Constitución de la Ciudad de México se encuentra alineada y es convergente con estos objetivos y metas incluidos en la Agenda 2030, lo cual es un hecho alentador en el proceso de su cumplimiento.

Uno de los grandes aciertos de este texto constitucional es a la vez uno de sus mayores retos: mantener el enfoque de derechos como horizonte sobre el enfoque de intereses que tanto ha permeado en el andamiaje institucional de nuestro hemisferio para avanzar hacia una cultura de la igualdad que desmonte la cultura del privilegio.

Dos desafíos son particularmente relevantes: uno, garantizar que toda la legislación secundaria que se emita se apegue, sea consistente y armónica con el contenido y el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México y dos, que se creen todos los dispositivos para que la Constitución se cumpla y no haya grandes brechas de implementación entre lo acordado y lo que efectivamente se traduzca en políticas, programas y acciones públicas. Los avances legislativos deben expresarse en mejores políticas y en cierre de brechas estructurales de desigualdad.

Además, no puedo dejar de mencionar que una de las singularidades del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, es que fue elaborado por un grupo amplio y plural de personas académicas, expertas e integrantes de organizaciones civiles que buscaron recoger las aspiraciones de una sociedad dinámica y propositiva como lo es la de la Ciudad de México. Un positivo precedente de parlamento abierto y participativo.

Es claro que el debate sobre la Constitución ha sido, como debe ser, intenso, pues en el fondo este iluminará también las distintas visiones sobre ciudad y la nación mexicana de cara al siglo XXI.

Las opiniones diversas y críticas pueden servir de oportunidad para rediscutir, entre otros, la función social de la propiedad y el papel de las finanzas públicas en la promoción del desarrollo, así como la necesidad de una nueva relación entre los derechos y los recursos para invertir los términos de la ecuación y poner los recursos al servicio de los derechos y no a la inversa.

En China dicen que toda nueva realidad se construye dos veces: una primera vez es en la imaginación.

Si los grandes cronistas mexicanos nos han permitido imaginar la gran Tenochtitlan de hace 500 años, la Constitución de la Ciudad de México y la legislación que deberá derivarse de ella, nos permiten imaginar a la gran Ciudad de México del futuro. Una ciudad llamada a continuar siendo un referente para nuestra América Latina.

La Constitución de la Ciudad de México no es sólo un nuevo marco jurídico, es también una nueva mirada, un proyecto compartido de ciudad y un nuevo horizonte que busca movilizar las energías sociales, políticas, económicas y culturales de esta centenaria urbe en función de una sociedad igualitaria, justa y sostenible en la que florezcan las libertades y donde nadie se quede atrás.

Muchas gracias.

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