Discurso. Vigesimonoveno período de sesiones de la Comisión

 PALABRAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEPAL,DR. JOSÉ ANTONIO OCAMPO, EN LA INAUGURACIÓN DELVIGESIMONOVENO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

Brasil, 9 de mayo de 2002

Quiero celebrar, señor Presidente, la invitación que recibimos para realizar este vigesimonoveno período de sesiones de la CEPAL en Brasil. La pujanza de esta gran nación y su arraigado sentido de identidad son elementos que admiramos todos los latinoamericanos y caribeños. La CEPAL debe mucho a la riqueza de la intelectualidad brasileña, al maestro Celso Furtado, a Maria da Conceição Tavares, a Fernando Henrique Cardoso y a tantos otros que han dejado también su sello en el pensamiento social latinoamericano. Además, señor Presidente, el documento "Globalización y desarrollo", que hoy presentamos, es, de alguna manera, una respuesta a un reto que usted nos impuso desde su primera visita a la CEPAL como Presidente de Brasil: el de reflexionar con un espíritu independiente sobre los retos que impone a nuestra región la etapa actual de integración global.

La globalización económica tiene, como sabemos, raíces históricas profundas. Su fase más reciente presenta características comunes con etapas previas, pero también muestra elementos diferentes: el acceso masivo a la información en tiempo real; la planeación global de la producción de las empresas transnacionales; la extensión del libre comercio, aún limitado por múltiples formas de proteccionismo en el mundo industrializado; la contradictoria combinación de una elevada movilidad de capitales y fuertes restricciones a la migración laboral; la evidencia de una creciente vulnerabilidad e interdependencia ambiental, y una inédita tendencia a la homogeneización institucional.

En todo caso, la globalización es un fenómeno multidimensional, que no obedece sólo a un determinismo económico. Una de sus dimensiones, que denominamos "globalización de los valores", es la extensión gradual de principios éticos comunes, entre los que se destacan las declaraciones de derechos humanos y los principios consagrados en las cumbres de las Naciones Unidas, incluida la Cumbre del Milenio. Estos procesos obedecen, además, a una larga trayectoria de luchas de la sociedad civil internacional por los derechos humanos, por la equidad social, por la igualdad de las mujeres, por la protección del medio ambiente y, más recientemente por la “globalización de la solidaridad” y el "derecho a ser diferente".

La mayor paradoja que encierra este proceso es la ausencia de una internacionalización de la política. El contraste entre problemas mundiales y procesos políticos que continúan siendo casi exclusivamente nacionales se traduce en un déficit de gobernabilidad global, que ha acrecentado, sin duda, las tensiones entre las oportunidades y riesgos que conlleva la globalización. Frente a esta realidad, la única respuesta razonable es una agenda positiva, ya que la historia demuestra que la mera resistencia ante procesos tan profundos es siempre, a la larga, derrotada. El propósito de nuestra agenda es contribuir a la construcción de una mejor institucionalidad que permita "conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo", como lo expresa la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas.

Para ello señalamos que es necesario avanzar en el logro de tres objetivos:

• garantizar un suministro adecuado de bienes públicos o, mejor dicho, de servicios públicos globales;
• superar progresivamente las marcadas asimetrías que caracterizan el orden económico global, y
• construir gradualmente una agenda social internacional basada en los derechos.

El logro de estos objetivos debe apoyarse en la complementariedad virtuosa entre desarrollo institucional global, regional y nacional, es decir en una red de instituciones más que en unos pocos organismos de alcance mundial. Un esquema de esta naturaleza es más eficiente y equilibrado en términos de relaciones de poder. Los esquemas institucionales deben ser, además, respetuosos de la diversidad. Este principio es el único consistente con el fomento de la democracia a nivel mundial, que sólo adquiere sentido cuando los procesos nacionales de representación y participación influyen en la determinación de las estrategias de desarrollo y ejercen una mediación eficaz de las tensiones propias del proceso de globalización. El orden internacional debe garantizar, por último, una participación equitativa de los países en desarrollo y reglas apropiadas de gobernabilidad.

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Toda estrategia nacional de desarrollo debe basarse en pactos sociales sólidos y democráticos, sistemas legales adecuados y burocracias estatales imparciales y transparentes. Sin embargo, estos elementos institucionales, que, justificadamente, han sido objeto de considerable atención en los últimos años, no explican los impulsos al crecimiento ni determinan la mejor distribución de sus frutos. Por ello, es necesario complementarlos con acciones concretas en cuatro frentes, en ninguno de los cuales existen modelos únicos de validez universal.

El primero es el diseño de estrategias macroeconómicas que, sobre la base de los avances logrados en el control de la inflación, contribuyan a reducir la intensidad de los ciclos económicos. El segundo es el desarrollo de estrategias de transformación productiva, ya que este proceso no es el resultado automático de un buen desempeño macroeconómico. Estas estrategias deben orientarse a crear competitividad sistémica, mediante el fomento explícito de los sistemas de innovación, de estrategias de diversificación de exportaciones y de "políticas de encadenamientos" entre las actividades exitosas en los mercados internacionales y el resto de la producción nacional, de apoyo a la formación de conglomerados productivos de carácter local y de desarrollo de una infraestructura de calidad.

El tercer componente es el diseño de instrumentos más eficaces y preventivos que faciliten el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. El cuarto es una política social activa en materia de educación, empleo y protección social. Los desafíos en estas áreas son superar viejos rezagos y abordar, a la vez, los nuevos riesgos sociales asociados a la vulnerabilidad del empleo y los ingresos y las crecientes demandas de la sociedad del conocimiento.

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En la agenda propiamente global, la provisión de servicios públicos abarca una amplia gama de temas, relacionados con la interdependencia creciente que caracteriza al mundo actual: la defensa de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y la lucha contra las pandemias y la delincuencia internacional, entre otros. En este documento abordamos específicamente sólo dos de estos temas: la estabilidad macroeconómica internacional y el desarrollo sostenible. En este último caso, hacemos hincapié en el desarrollo de nuevos instrumentos, en particular mercados de servicios ambientales globales que permitan valorarlos económicamente, con dos prioridades claras para la región: las convenciones sobre cambio climático y sobre biodiversidad.

La corrección de las asimetrías globales exige superar el acceso segmentado y volátil de los países en desarrollo a los mercados financieros internacionales y abrir espacios para que puedan adoptar políticas macroeconómicas anticíclicas. Esto exige una estrategia integral que apunte no sólo al fortalecimiento de mecanismos de supervisión macroeconómica y al desarrollo de códigos y estándares regulatorios, sino a la autonomía de los países en desarrollo para regular los capitales internacionales por motivos macroeconómicos, la transformación gradual del Fondo Monetario Internacional en un cuasiprestamista de última instancia, mediante el uso activo de los derechos especiales de giro, el desarrollo de esquemas multilaterales para enfrentar problemas de insolvencia, el fortalecimiento de la banca de desarrollo, la profundización de los sistemas financieros en los países en desarrollo y un nuevo acuerdo internacional sobre el alcance de la condicionalidad. La instrumentación del reciente "Consenso de Monterrey" es el punto de partida de este esfuerzo. La forma claramente inadecuada en que la comunidad internacional ha respondido a la crisis argentina es una demostración de lo mucho que falta para avanzar en este frente.

El segundo campo de acción se refiere a la superación de las asimetrías productivas y tecnológicas, mediante la apertura de los mercados internacionales de bienes y servicios a los países en desarrollo y la participación creciente de éstos en las ramas con mayor contenido tecnológico y en la creación de conocimiento. La agenda que debe abordar la Organización Mundial del Comercio a partir de la Conferencia de Doha es clara: mayor liberalización del comercio agrícola, reducción de los subsidios a la producción y eliminación de los subsidios a la exportación; progresiva liberalización de los mercados de bienes y servicios con mayor contenido de mano de obra menos calificada y reducción de las crestas arancelarias, y aplicación de una mayor disciplina en el uso de las medidas de contingencia comercial, especialmente del estatuto antidumping. El Área de Libre Comercio de las Américas puede cumplir una función en este proceso, pero para contribuir a la convergencia de los niveles de desarrollo de los países del hemisferio debe ir acompañada de una mayor movilidad internacional de la mano de obra y de fondos de cohesión o de integración, como lo señalaron varios Jefes de Estado en la Cumbre de Quebec. En uno y otro caso, es necesario, además, que el ordenamiento internacional cautele los márgenes de autonomía de los países en desarrollo para adoptar políticas de competitividad y de diversificación productiva.

Por otra parte, señalamos que unos acuerdos multilaterales de inversión y de competencia bien concebidos pueden desempeñar un papel positivo, pero no es evidente que la OMC constituya el mejor escenario para negociarlos e instrumentarlos, como posiblemente tampoco lo sea en el ámbito de la propiedad intelectual. En esta última materia, consideramos, además, que la decisión sobre salud pública adoptada en Doha, bajo el liderazgo de Brasil, consagró un importante principio: que el carácter de bien público del conocimiento debe prevalecer, en ciertas circunstancias, sobre el carácter de bien privado que le otorga la protección de la propiedad intelectual. Es imperativo que la comunidad internacional aborde con mayor decisión la definición del alcance de este principio.

La gran asimetría entre la movilidad de los distintos factores de producción perjudica a los menos móviles, en particular a la mano de obra poco calificada; acentúa las desigualdades de ingreso según la calificación, y da origen al tráfico de migrantes. Esto explica la importancia de incorporar plenamente este tema en la agenda internacional, mediante un acuerdo global sobre políticas migratorias. Un primer paso sería la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, así como la inclusión del tema en la agenda hemisférica, en los acuerdos con la Unión Europea y en nuestros propios procesos de integración regional.

La construcción de una agenda social internacional supone, a nuestro juicio, el reconocimiento de todo miembro de la sociedad global como ciudadano y, en tal carácter, depositario de derechos. La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como los principios consagrados en diversas cumbres de las Naciones Unidas, debe evolucionar, por lo tanto, hacia una exigibilidad política más clara, no sólo en el ámbito mundial sino también en foros nacionales representativos, en los que se examine el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente. Este proceso debe ser apoyado explícitamente por la cooperación internacional, en el marco de los planes de lucha contra la pobreza, que deben concebirse como consustanciales a la garantía de los derechos.

Señor Presidente, señoras y señores ministros y delegados:

He querido dejar para el final dos reflexiones. La primera se refiere a la importancia crítica del espacio regional para un orden internacional más equilibrado y una participación adecuada de los países en desarrollo en dicho orden. América Latina y el Caribe tiene una amplia tradición en este campo, pero también ambivalencias, que se han reflejado recientemente en la pérdida del impulso de los procesos de integración. La renovación del compromiso político con la integración regional es, por ello, un imperativo del momento, así como la redefinición de la agenda correspondiente para cubrir un conjunto más amplio de temas: la coordinación macroeconómica y el fortalecimiento de las instituciones financieras regionales y subregionales; la armonización de los sistemas regulatorios y de las políticas de competencia; la integración física; el uso sostenible de los ecosistemas comunes; el fomento de los intercambios educativos, culturales y científicos; las políticas de protección social de los migrantes, y la apertura de espacios de diálogo político. Para utilizar una expresión que acuñó la CEPAL hace algunos años, el “regionalismo abierto” es inherente a la globalización.

La reflexión final se refiere al enfoque del reordenamiento global. En este sentido, el documento que presentamos contrasta dos conceptos que se han empleado ampliamente en los debates recientes: el de "nivelación del campo de juego", que ha orientado el ordenamiento económico mundial, y el de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", consagrado en la “Cumbre de la Tierra” (Río de Janeiro, 1992). En un mundo tan desigual como el actual, el primero de estos principios puede reproducir, e incluso ampliar, las asimetrías y desigualdades del orden global. Por ello, destacamos la clara superioridad del segundo, no en vano consagrado en este hermoso rincón de América Latina, en el que tanto se defienden los intereses de los pueblos de la región y que hoy nos acoge nuevamente.