Los países de América Latina y el Caribe tienen actualmente una estructura productiva más heterogénea que en el pasado y que otras economías en desarrollo, como las de Asia oriental. Esto permite la existencia en la región de un modelo de economía de "tres velocidades", cada una de las cuales requiere diferentes tipos de políticas públicas para desarrollarse. Así lo sostiene el documento Desarrollo productivo en economías abiertas, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Trigésimo período de sesiones, que tiene lugar en San Juan, Puerto Rico.
De acuerdo con el informe, estas "tres velocidades" se dan según la modalidad de inserción legal y el tamaño de las empresas que la conforman. Un primer grupo o "velocidad" está constituido por las micro-empresas informales que, por su estructura y capacidad, presentan la productividad relativa más baja y operan en un contexto que les ofrece pocas oportunidades de desarrollo y aprendizaje.
El segundo grupo está integrado por las empresas formales medianas y pequeñas (PYME), las cuales también tienen dificultades para acceder a los recursos, especialmente financieros, y a determinadas herramientas que les permitirían desarrollar su capacidad de competir. El último grupo abarca a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, que muchas veces tienen un nivel de productividad cercano al internacional, pero cuentan con escasos encadenamientos o vinculaciones al resto de la economía nacional y, en algunos casos, exhiben baja capacidad de generación de innovaciones.
Dado que al interior de los países no existe una verdadera igualdad de oportunidades que permita que prosperen de la misma forma las iniciativas de las diferentes unidades productivas mencionadas, la CEPAL propone a los gobiernos que se pongan en marcha políticas públicas activas que apunten a una mayor nivelación del campo de juego, mediante acciones específicas orientadas a remover los obstáculos que afectan de manera diferente a las empresas.
En el caso de las pequeñas empresas informales, es necesario llevar a cabo estrategias de inclusión, que apuntan a trasladar tantas pequeñas unidades productivas como sea posible del sector informal al sector formal de la economía. Entre estas políticas de inclusión se destacan la simplificación de normas y trámites administrativos, la menor carga tributaria con modalidades de declaración más simples, la ampliación del acceso al crédito para pequeñas inversiones y, sobre todo, para capital de trabajo, y los programas de formación básica en competencias de gestión y tecnológicas.
En tanto, una estrategia de modernización se hace necesaria para el segundo grupo de empresas, las PYME. El apoyo a la modernización productiva comprende políticas horizontales para mejorar el acceso a la información, el crédito, la tecnología y los sistemas de comercialización. Estas políticas deberían complementarse con acciones dirigidas a promover la articulación horizontal (asociatividad) entre PYME, a fomentar sus vínculos con empresas de mayor tamaño y a fortalecer estructuras productivas en el nivel local o en cadenas de producción específicas.
Por último, señala el documento de la CEPAL, para las grandes empresas debería aplicarse un concepto de densificación, que apunta a incorporar más conocimientos en el tejido productivo nacional, así como a establecer una malla más articulada de relaciones productivas, tecnológicas, empresariales y laborales. Esta estrategia se puede instrumentar por medio de varios programas, entre otros, los que se enfocan a fortalecer los encadenamientos de la base exportadora; fomentar la cooperación público-privada para desarrollar ventajas competitivas potenciales, atraer inversión extranjera de mayor calidad, apoyar la expansión e internacionalización de las empresas nacionales y fortalecer la infraestructura de servicios que remueva los cuellos de botella del desarrollo productivo.
