La pobreza en América Latina se mantuvo estable en 2017, pero aumentó la pobreza extrema, alcanzando su nivel más alto desde 2008, mientras que la desigualdad se ha reducido apreciablemente desde 2000

La tasa general de pobreza -medida por ingresos- se mantuvo estable en 2017 en América Latina, después de los aumentos registrados en 2015 y 2016, sin embargo, la proporción de personas en situación de pobreza extrema continuó creciendo, siguiendo la tendencia observada desde 2015, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30,2% de la población), de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza (10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008), de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina 2018 presentado este martes por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, en conferencia de prensa en Santiago, Chile.

Según las proyecciones de la Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017).

“Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, alertó Alicia Bárcena, quien, frente a los desafíos que se enfrentan, llamó a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.  

Al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.  “Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la CEPAL.

Debido a la actualización, en 2015, de la metodología utilizada por la CEPAL para medir la pobreza monetaria, y a las posteriores revisiones realizadas por el organismo, las cifras incluidas en esta edición del Panorama Social difieren de las divulgadas en el último informe publicado en diciembre de 2017 y en anteriores. Ver documento explicativo.

El informe también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en los años recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, del 0,8%, y entre 2014 y 2017, del 0,3%. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante en los años recientes para contener deterioros distributivos, según el organismo.

A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51,4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.

Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL.

En promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto, indica la Comisión.

En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50,2% y 74,4% respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino (10,4%) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6%). Más de la mitad de las mujeres ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82,2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.

La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77% del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo. “Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad”, concluye el documento.