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(12 de enero, 2015) La agenda de desarrollo post-2015 debe incluir la igualdad de género no solo como un objetivo específico sino como una perspectiva transversal que permita, entre otros retos, aumentar la autonomía económica de las mujeres, según coincidieron representantes de los Gobiernos de Chile y de Noruega y altos funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un diálogo de alto nivel celebrado hoy.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede del organismo de Naciones Unidas, en Santiago de Chile, participaron la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile, Claudia Pascual, la Embajadora de Noruega en Chile, Hege Araldsen, y el ex Ministro de Comercio e Industria de Noruega Ansgar Gabrielsen. En representación de la CEPAL intervinieron el Director de la División de Planificación de Programas y Operaciones, Raúl García-Buchaca, y la Directora de la División de Asuntos de Género, Sonia Montaño.
El diálogo Desafíos para la igualdad. La autonomía económica de las mujeres en la agenda de desarrollo post-2015: construyendo nuevas respuestas desde América Latina y Europa se enmarca en los debates sobre la nueva agenda que debe tomar el relevo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) una vez que expire este año el plazo fijado para su cumplimiento. En este contexto se han propuesto 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), uno de los cuales está consagrado a lograr la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas.
“La igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres deben estar en el centro de la agenda de desarrollo”, manifestó durante su intervención Raúl García-Buchaca, quien señaló que casi una de cada tres mujeres (30,8 %) en América Latina no cuenta con ingresos propios, y de ellas 51,6 % asegura que esto se debe a que tiene que atender tareas domésticas y de cuidado. Esta situación redunda en una feminización de la pobreza: por cada 100 hombres pobres, hay 117 mujeres en esa situación.
La Ministra del SERNAM de Chile, Claudia Pascual, indicó que la tasa de participación laboral femenina en este país se situó a mediados de 2014 en 48,6 % mientras que, según datos de la CEPAL, en América Latina alcanza un promedio de 52,8 % y en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 63,8 %. Además, la mayoría de las trabajadoras chilenas están ocupadas en sectores que ofrecen empleos de menor calidad y protección social, apuntó.
“La agenda post-2015 tiene el desafío no solo de lograr que más mujeres ingresen al mundo laboral, sino también que se incorporen a sectores de la matriz económica que han sido tradicionalmente masculinos”, subrayó la Ministra, quien destacó que el acceso a un trabajo de calidad constituye uno de los cinco ejes de la agenda de género diseñada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Por su parte, la Embajadora de Noruega en Chile, Hege Araldsen, coincidió en que “el acceso de las mujeres a puestos de trabajo dignos, la equidad salarial, el reparto equitativo de las tareas domésticas, la igualdad de derechos a la propiedad, a la tierra y a la herencia, y el derecho a participar plenamente en la política y en la economía son elementos que deben figurar prioritariamente en la agenda post-2015”.
Como ejemplo de políticas públicas que impulsan la paridad, el ex Ministro de Comercio e Industria de Noruega Ansgar Gabrielsen detalló cómo Noruega se convirtió en 2003 en el primer país del mundo en imponer una cuota de género que obliga a que al menos 40 % del directorio de compañías que cotizan en bolsa esté integrado por mujeres. Cuando se aprobó la ley, la participación femenina en ese escalafón estaba en niveles de 7 %.
En este sentido, la Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Sonia Montaño, indicó que se ha constatado que muchas mujeres latinoamericanas, incluso con elevada formación y altos recursos económicos, no pueden ingresar al mercado laboral porque tienen que atender tareas domésticas, por lo que demandó un reparto equitativo de estas labores y una redistribución de los beneficios de la protección social.
Según apuntó, el trabajo doméstico no remunerado puede llegar a representar entre 23 y 36 % del producto interior bruto de los países de la región.
