(14 de marzo, 2015) Mejorar la movilización doméstica de recursos para el desarrollo requiere avanzar hacia una mayor cooperación fiscal y tributaria para controlar la evasión, la elusión y los flujos ilícitos, a través del perfeccionamiento de los acuerdos y la coordinación internacional en materia de tributación, señalaron autoridades y expertos al término de una reunión de dos días sobre financiamiento del desarrollo realizada en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile.
En la Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento del Desarrollo, ministros y funcionarios de varios países de la región, así como altos representantes de las Naciones Unidas y especialistas de organismos internacionales y de la sociedad civil, acordaron llevar sus propuestas como contribución regional a la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo, que se efectuará en julio en Addis Abeba.
Allí se espera llegar a un acuerdo mundial que impulse el cumplimiento de los objetivos trazados para la agenda de desarrollo post-2015.
Según los asistentes a la reunión organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Chile, si bien la participación del sector privado en el financiamiento del desarrollo es importante, se requiere de incentivos y políticas públicas que orienten la asignación de los recursos privados hacia el financiamiento productivo.
“Los recursos disponibles deben priorizarse para financiar las necesidades más apremiantes de América Latina y el Caribe y, en particular, orientarse a la igualdad”, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en la clausura del encuentro.
“Esto incluye cerrar las brechas de desarrollo en nuestra región y financiar las necesidades de infraestructura y la inclusión social”, agregó.
Bárcena recalcó la importancia de que la voz de América Latina y el Caribe sea escuchada en los foros internacionales para que se incorpore su visión frente al financiamiento del desarrollo. Con respecto a la evasión, explicó que la tasa de evasión fiscal del IVA en la región equivale a entre 1% y 2% del PIB, es decir, lo mismo que recibe anualmente por concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Por otro lado, agregó que los flujos ilícitos en América Latina y el Caribe llegan a US$150 mil millones, cifra que sobrepasa los ingresos de inversión extranjera directa, duplica los recursos por remesas y supera en catorce veces la AOD.
El Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Wu Hongbo, reconoció que en la reunión se establecieron claramente las prioridades de América Latina y el Caribe en relación al marco de financiamiento para el desarrollo sostenible.
“Los países son responsables de su propio desarrollo económico y social, pero la comunidad internacional debe darles apoyo, un espacio de políticas suficiente y un entorno económico global adecuado. Temas como la cooperación tributaria, la resolución de la deuda soberana, un régimen de comercio justo, y la estabilidad del sistema financiero internacional, son elementos críticos para los países de la región”, declaró Wu.
En sus deliberaciones, los delegados participantes en la Consulta Regional relevaron también la importancia de incluir el enfoque de género en este proceso, así como fortalecer las bancas de desarrollo nacionales y subregionales. A eso se suma la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento innovadores y nuevas formas de cooperación, especialmente con el sector privado, que complementen a las tradicionales y permitan proporcionar flujos financieros estables y predecibles para los países en desarrollo.
