27-31 Ene 2020 Santiago, Chile | Conferencias y reuniones de órganos subsidiarios
Ministras de la Mujer y altas autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de la región discuten este martes 22 y miércoles 23 de enero en Santiago progresos y obstáculos para el logro de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género de cara a la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se celebrará del 4 al 8 de noviembre de este año en Chile.
Las autoridades participan en la quincuagésima octava reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, inaugurada hoy por Isabel Plá, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile; Janet Camilo, Ministra de la Mujer de República Dominicana y Vicepresidenta de la Mesa Directiva; Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, en representación de la Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena; y Lara Blanco, Directora Regional Adjunta para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).
Durante su intervención, la Ministra Isabel Plá reiteró el compromiso del Gobierno de Chile con la agenda de equidad de género, que incluye medidas para aumentar los ingresos propios de las mujeres, así como tolerancia cero hacia la violencia contra ellas. En ese marco, hizo un llamado a los países a participar en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer que tendrá lugar en noviembre en el país, cuyo tema principal es precisamente la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes.
Janet Camilo, Ministra de la Mujer de República Dominicana, llamó, por su parte, “a articular, en el marco de la Conferencia, acciones que puedan parar marchas conservadoras que invitan al retroceso de los derechos adquiridos por las mujeres en América Latina y el Caribe”. Por ello, dijo, es importante analizar, de acuerdo con la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, aprobada en la XIII conferencia realizada en Montevideo en 2016, “cómo van nuestros Estados, nuestros países, afianzando la lucha por la igualdad a través de políticas públicas” con presupuestos concretos.
En tanto, la representante de la CEPAL, Cielo Morales, alertó que los bajos niveles de crecimiento observados en los últimos años en la región “limitan las oportunidades de generación de empleo para las mujeres y de reducción de la pobreza”.
“Es preocupante que la proporción de mujeres viviendo en hogares pobres sea sistemáticamente mayor que la proporción de hombres”, sostuvo la alta funcionaria, quien indicó que la persistente división sexual del trabajo -que implica, entre otras cosas, que ellas se hagan cargo mayoritariamente del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado- repercute negativamente en su incorporación al mercado laboral.
Datos de 2017 de la CEPAL indican que la participación de las mujeres en el trabajo remunerado sigue siendo menor que la de los hombres (50,2% y 74,4%, respectivamente) y que el nivel de desempleo femenino se mantiene por sobre el de hombres (10,4% versus 7,6%).
Si bien en los últimos años se ha reducido el número de mujeres sin ingresos propios, la población femenina todavía está sobrerrepresentada en el grupo que recibe ingresos inferiores a un salario mínimo. De acuerdo con cifras del informe Panorama Social de América Latina 2018 de la CEPAL, el 49% de las mujeres ocupadas tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo de su país.
Finalmente, Lara Blanco, de ONU-Mujeres, abordó el apoyo que presta el sistema de las Naciones Unidas a los países en la promoción de la igualdad de género y saludó la realización de la próxima Conferencia Regional, que describió como “un espacio de decisión esencial para poder consensuar y avanzar hacia la igualdad sustantiva”.
En la reunión participan autoridades de Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Turquía, Uruguay y Venezuela, además de representantes de agencias de las Naciones Unidas, de organismos intergubernamentales y de la sociedad civil.
