Nota informativa
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, reafirmó hoy la gravedad de la crisis climática en la región y la urgencia de enfrentarla e instó a la comunidad internacional a priorizar el financiamiento de medidas de adaptación, durante el lanzamiento del Reporte del Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2020, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
“El sistema de gobernanza global no ha sido eficaz para movilizar los recursos hacia los países en desarrollo. Hay escasez de financiamiento para la acción climática, especialmente para la adaptación. Esto agrava la vulnerabilidad de los países, reduciendo la capacidad de financiar sus propias acciones”, afirmó.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Conferencia de Alto Nivel “Trabajando Juntos por la resiliencia hidrometeorológica y climática en América Latina y el Caribe”, que fue inaugurada por Petteri Taalas, Secretario General de la OMM, y en la que destacó la relevancia del informe presentado hoy.
“Este es un reporte oportuno, necesario y pertinente y debe servir de base para la política pública, para la planificación económica, sectorial y social”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Junto a Alicia Bárcena participaron en la conferencia Pearnel P. Charles Jr., Ministro de Vivienda, Renovación Urbana, Medio Ambiente y Cambio Climático de Jamaica, y Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres y Jefa del Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).
Durante su intervención, la máxima representante de la CEPAL recordó que América Latina y el Caribe genera apenas 8,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero es altamente vulnerable a su impacto.
Precisó que, en los últimos 30 años, el número de desastres naturales se triplicó en el Caribe y las pérdidas económicas asociadas se quintuplicaron. Por ejemplo, la destrucción causada por los huracanes Irma y María en 2017 resultó en pérdidas equivalentes a 250% del PIB en países como Dominica, subrayó.
La alta funcionaria subrayó que uno de los efectos inesperados del cambio climático, cuya solución es multilateral, es la rebaja de la calificación de riesgo por parte de las agencias calificadoras, que consideran que la vulnerabilidad climática es un criterio para rebajar la calificación. Esto tiene consecuencias gravísimas porque aumenta injustamente el costo de la deuda soberana y el pago de intereses para los países en desarrollo que son altamente vulnerables al cambio climático.
“Esto agrava, por ejemplo, las capacidades del Caribe, de Argentina y Ecuador, que tienen ya una carga muy pesada por los altos niveles de deuda enraizada en los shocks externos agravados por el impacto de los desastres y las debilidades estructurales, sociales y económicas”, alertó.
Alicia Bárcena señaló que los paquetes de estímulo para una reactivación económica posCOVID podrían ser una oportunidad para alentar las inversiones en sectores con bajas emisiones de carbono y en la promoción de la bioeconomía, más resiliente ante los impactos del cambio climático.
“Los países desarrollados han anunciado grandes paquetes de estímulo -4 billones de dólares en Estados Unidos, 750.000 millones de Euros en Europa-, reflejando expansiones fiscales y monetarias contrarias a la ortodoxia, con compromisos en inversiones verdes. En América Latina y el Caribe los paquetes de estímulos son menores, en torno al 4,7% del PIB (211.000 millones de dólares), y de ellos solo 3,2% serían consistentes con las metas ambientales y climáticas. Las medidas de recuperación no fomentan el cambio estructural. Hay una incoherencia entre la Agenda 2030, el Acuerdo de París y las declaraciones de nuestros países”, afirmó.
Agregó que el esfuerzo fiscal de los países de la región para la recuperación del COVID-19 tiene además contrapartidas muy negativas. El gasto en protección ambiental en América Latina y el Caribe, ha experimentado un descenso en los últimos años. Entre 2016 y 2019, el gasto en protección ambiental promediaba únicamente el 0,4% del gasto del gobierno central y en 2020 se redujo a solo un 0,2%.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL puntualizó que la adaptación es urgente para la región con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
“En la CEPAL estamos proponiendo la creación de un Fondo de Resiliencia del Caribe que atienda las necesidades de esa región. Tenemos una propuesta para que este fondo se financie en parte con un alivio de 7.000 millones de dólares que representa el 12% del total de su deuda externa. Se puede hacer, se debe hacer, y se deben desarrollar instrumentos similares para Centroamérica y Sudamérica”, afirmó.
Alicia Bárcena subrayó también la urgencia de fortalecer la institucionalidad, que tenga capacidades para recopilar datos e indicadores sobre el riesgo de desastres climáticos con fundamento científico y que se anticipe con base en sistemas de alerta temprana.
Instó también a apoyar a las economías de ingreso medio.
“Los países de ingreso medio deben tener acceso al financiamiento concesional para articular inversiones que promuevan una recuperación verde, azul, que generen empleo y disminuyan la huella ambiental”, destacó.
Finalmente, la alta funcionaria llamó a fortalecer la institucionalidad del Caribe y de Centroamérica.
“Los servicios e instituciones pueden generar análisis en profundidad que nos permitirán contar con los escenarios a futuro. El cambio climático es disruptivo, no cabe duda, pero ya presenta patrones de variabilidad cada vez más estudiados”, concluyó.
Al término de evento, la CEPAL y la OMM firmaron un memorándum de entendimiento que busca establecer una agenda conjunta de trabajo que contribuya a transformar la información científica en mejores propuestas de políticas económicas, sociales y ambientales para el desarrollo sostenible de los países de América Latina y el Caribe.
El reporte presentado por la OMM revela, entre otros mensajes, que el año 2020 fue uno de los tres años más cálidos de que se tiene constancia en México/América Central y el Caribe y el segundo año más cálido en América del Sur.
Advierte que en los Andes chilenos y argentinos, los glaciares han retrocedido durante las últimas décadas y que la intensa sequía en el sur de la Amazonia y el Pantanal fue la más grave de los últimos 60 años.