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La seguridad vial necesita una política pública integrada

Ricardo Sánchez, Oficial a Cargo de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, explica el camino que los países de la región transitan hacia la conferencia mundial sobre este tema, que se realizará en Brasil en noviembre de 2015 (publicada en Notas de la CEPAL Nº 83).

30 de marzo de 2015|Columna de opinión

En el mundo entero las lesiones causadas por los accidentes de tránsito son un importante problema de salud pública que tiene una amplia gama de consecuencias sociales y económicas.

Los esfuerzos por abordar este tema a nivel mundial, culminados en el lanzamiento en 2010 del Decenio de Acción para la Seguridad Vial por la Asamblea General de Naciones Unidas, y en la inclusión de las metas de seguridad vial en los objetivos del desarrollo post-2015, ilustran el reto persistente de alcanzar una movilidad segura en el contexto del desarrollo sostenible.

Debido a sus altas tasas de urbanización y motorización, en América Latina y el Caribe la seguridad vial sigue siendo un asunto de alta preocupación, a pesar de los esfuerzos nacionales y multilaterales realizados en el marco del Decenio de Acción.

En el período comprendido entre 2000 y 2010, no solamente se ha incrementado el número de fallecidos y heridos por siniestros de tránsito en algunos países, sino que además se han relajado los controles sobre las medidas de seguridad vial. El tema de seguridad vial está, además, estrechamente vinculado a la desigualdad en la región, dado que los decesos se concentran principalmente en peatones - los usuarios más vulnerables de las rutas.

Como ya lo destacó la CEPAL en sus distintas actividades y estudios, la diversidad de causas de accidentes de tránsito en la región implica la necesidad de una política pública integrada que combine acciones a corto, mediano y largo plazo en áreas tan diversas como la infraestructura vial, el diseño y estado de los vehículos, las conductas de los usuarios de transportes, la educación, el sistema de salud, y la fiscalización y control de las medidas.

Dada la complejidad del fenómeno y la diversidad de actores implicados, la institucionalidad de la seguridad vial debe explícitamente tomar en cuenta las interacciones que diversos organismos (estatales, de la sociedad civil y del sector privado) tienen entre sí, tanto en el plano local como regional, y enfocar sus acciones a usuarios específicos de las vías.

En este contexto, es altamente significativo que uno de los países de América Latina y el Caribe haya ofrecido acoger en noviembre de 2015 la conferencia mundial de alto nivel con el objetivo de revisar -a mitad de camino-  el progreso en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. La decisión de Brasil para ser la sede de la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre seguridad vial, confirma el profundo reconocimiento del desafío que representan los accidentes de tránsito para los esfuerzos regionales de alcanzar objetivos de desarrollo en condiciones de equidad e inclusión social.

En preparación de la conferencia de Brasil, la CEPAL junto con la Organización Panamericana de la Salud, actualizará la situación de seguridad vial en la región y evaluará el progreso y los resultados de las políticas públicas y de la cooperación público-privada en la reducción de la tasa de accidentes de tránsito.

El objetivo es apoyar un diálogo regional sobre los desafíos y mejores prácticas regionales con ocasión de la confposterencia mundial y llegar a reafirmar el compromiso regional de alcanzar las metas concretas y ambiciosas de la movilidad segura y sostenible.

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