Este informe técnico muestra que, si bien América Latina y el Caribe han avanzado en marcos normativos, registros y algunas experiencias institucionales para incluir a las personas con discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias, persisten brechas estructurales que limitan el ejercicio efectivo del derecho a la salud. La conclusión principal es que la inclusión aún depende más de esfuerzos puntuales que de sistemas sostenidos, integrados y centrados en derechos.
En sus páginas se destacan cuatro desafíos críticos: datos fragmentados y poco interoperables, servicios de salud todavía organizados desde la oferta y no desde las necesidades diversas, capacidades del personal que no se institucionalizan y una respuesta ante emergencias que sigue siendo general, con escasa adaptación para asegurar accesibilidad, continuidad del cuidado y apoyos diferenciados. También subraya que la participación de las organizaciones de personas con discapacidad existe, pero sigue siendo mayoritariamente consultiva y sin incidencia estable en la toma de decisiones.
A partir de esa evidencia, se plantea una hoja de ruta clara: incorporar la discapacidad de forma transversal en políticas, planes y protocolos; fortalecer sistemas de información desagregados y accesibles; asegurar ajustes razonables y la continuidad de la atención, y consolidar mecanismos permanentes de participación social y coordinación intersectorial. En conjunto, esta publicación llama a transformar los avances normativos en cambios operativos concretos para construir sistemas de salud y gestión de emergencias más universales, resilientes e inclusivos.