Para promover la transparencia y fortalecer la inclusión, la publicación proactiva, abierta y accesible de información sobre la pandemia del COVID-19 y las respuestas gubernamentales son esenciales, incluyendo las que se relacionan con las compras públicas de insumos médicos y medicamentos, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria participó en un evento virtual en el que las Naciones Unidas abrió a los gobiernos y la sociedad civil el acceso al Observatorio Regional de Precios de Medicamentos (ORPM) para el COVID-19, y que fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés).
Junto a Alicia Bárcena, en el encuentro participaron Fabrizio Feliciani, Director Regional de la UNOPS para América Latina y el Caribe; Víctor Zamora, Ministro de Salud de Perú; Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Carlos Contreras, Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Durante su intervención, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL afirmó que para el sistema de las Naciones Unidas ha sido crucial poner a disposición de los países una respuesta rápida para apoyarlos y brindarles la mayor cantidad de datos, análisis del impacto socio-económico de la pandemia, así como el monitoreo y análisis comparado de las medidas que los propios países de la región han implementado, junto con propuestas de políticas y medidas para mitigar los efectos de la pandemia.
Recordó que la enfermedad del COVID-19 llegó a la región en un contexto de intensificación de conflictos sociales y falta de confianza en los gobiernos e instituciones públicas, entre otras razones, por los altos niveles de desigualdad, la baja calidad y el difícil acceso a servicios públicos, la corrupción y la falta de transparencia. En 2018, solamente 22% de latinoamericanos expresaron confianza en sus gobiernos, en comparación con 45% en 2010, según cifras de Latinobarómetro.
En este escenario, expresó, “el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos es una herramienta fundamental que permite establecer un rango de precios justos y desarrollar soluciones pragmáticas, como mayor eficiencia en los presupuestos públicos. La eficiencia en las compras públicas permitirá un mejor gasto público, con un impacto directo en la reactivación económica”, subrayó.
La máxima representante de la CEPAL recordó que, a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a través de su presidencia pro témpore que encabeza México, la CEPAL ha puesto en marcha el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, una plataforma de conocimiento, información y datos que compila todas las medidas que están tomando los países en materia de movilidad humana, salud, economía, género y en materia social, entre otras.
Destacó que la reconstrucción de la confianza pública es una de las prioridades en esta pandemia. En ese sentido, expresó, la transparencia y rendición de cuentas, y el acceso a la información ciudadana, son esenciales para recobrar la confianza pública.
“Necesitamos Estados de bienestar universales con acceso universal a la salud pública y de calidad, así podrá haber menos corrupción y menos intereses creados”, afirmó.
La alta funcionaria recordó que la región tendrá la peor recesión del último siglo y probablemente la más fuerte en toda su historia, con una caída de entre el 5,3% y hasta -8% del PIB, junto a un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020 que generaría casi 12 millones más de desempleados en la región y un aumento de 30 millones de pobres.
Por ello, la CEPAL propone una renta básica de emergencia (EBI) equivalente a una línea de pobreza (140 dólares al mes) por seis meses, que se proporcionará a todas las personas que viven en la pobreza en 2020. Esto costará el 2,1% del PIB de la región, que representa el servicio de la deuda externa (intereses), es decir, casi un tercio de lo que la región pierde en ingresos fiscales a través de la evasión fiscal.
“Con la aplicación de esta medida, evitaremos que la crisis sanitaria se convierta en una catástrofe alimentaria”, alertó.
Agregó que la Comisión plantea también la entrega de subvenciones temporales a microempresas y pequeñas y medianas empresas (MiPyme), especialmente para cubrir los costos de mano de obra, en función del tamaño de la empresa y la capacidad financiera. El apoyo a las empresas más grandes debe prestarse en virtud del compromiso de retener a sus empleados y no distribuir los beneficios entre los accionistas.
“No podemos romper toda la trama productiva de la región”, cerró.
