En este documento se presenta el proyecto “Todos construimos seguridad vial: intervenciones participativas en las regiones de Colombia”, implementado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cofinanciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSF), cuyo objetivo es reducir la siniestralidad vial mediante intervenciones de bajo costo y alto impacto. La iniciativa diseñó 20 intervenciones de urbanismo táctico en 12 municipios priorizados según criterios técnicos, sociales y de siniestralidad, los cuales incorporaron medidas como: aceras emergentes, cruces peatonales, señalización, ciclo-bandas, mobiliario urbano y murales comunitarios, entre otros.
El proceso se desarrolló bajo un modelo de gobernanza colaborativa que articuló a organismos internacionales, autoridades nacionales, gobiernos locales y ciudadanía. Más de mil personas participaron en las fases de diagnóstico, diseño y validación, lo cual fortaleció la apropiación local. Asimismo, se aplicaron herramientas como entrevistas a expertos, encuestas de percepción, cartografía social y revisión de guías técnicas. Además se desarrolló una metodología replicable para seleccionar municipios y puntos críticos con el fin de integrar las intervenciones en los planes de desarrollo y políticas locales.
Entre las principales lecciones aprendidas destacan: i) la importancia de una participación comunitaria sostenida: ii) la adaptación de soluciones al contexto territorial y social; y iii) el potencial del urbanismo táctico para movilizar financiamiento adicional y ampliar la visión institucional sobre el espacio público.
La experiencia colombiana confirma que este enfoque puede mejorar la seguridad vial y revitalizar entornos urbanos. Sin embargo, su sostenibilidad depende del liderazgo gubernamental, de marcos normativos robustos y armonizados, aunados al continuo apoyo de la cooperación internacional. El proyecto demuestra que el financiamiento del UNRSF puede catalizar transformaciones locales, empero, alcanzar los objetivos de la Década de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y la Agenda 2030 requiere una continua corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia.