El desafío de las nuevas negociaciones comerciales multilaterales para América Latina y el Caribe

Resumen
En la Tercera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC);, los Ministros de 132 países deberán deliberar sobre el programa de trabajo futuro de la Organización. Los lineamientos están dados por la agenda incorporada en los Acuerdos de la Ronda Uruguay, que comprende tres grandes grupos de temas: i); el proceso de instrumentación de dichos Acuerdos; ii); el temario incorporado en ellos, es decir, las negociaciones sustantivas para continuar el proceso de reforma del sector agrícola, profundizar la liberalización del comercio de servicios, y explicitar algunas disciplinas de otros acuerdos; y iii); la posible inclusión de nuevos temas para su estudio, con vistas a convertirlos en objeto de propuestas y negociaciones. Cabe tener presente que con la creación de la OMC se estableció un foro para las negociaciones comerciales y éstas se transformaron en un proceso continuo y permanente.
Los gobiernos de los países en desarrollo, y en particular los de América Latina y el Caribe, están empeñados en que esas negociaciones configuren una ronda del desarrollo en la que se contemplen con claridad sus intereses, y con tal fin han definido una agenda positiva para impulsar los temas de interés común.
En efecto, tras los cinco años de vigencia de los Acuerdos Multilaterales de Comercio, los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños, como los demás países en desarrollo, están convencidos de que la instrumentación de sus obligaciones entraña costos superiores a los beneficios que obtendrán del pleno cumplimiento de los compromisos por parte de los países industrializados. Numerosas evaluaciones académicas de los efectos de la Ronda Uruguay han respaldado ese convencimiento, y han demostrado que los mayores beneficiarios del proceso de liberalización.
comercial de bienes y servicios han sido los países industrializados. A éstos, su mayor capacidad negociadora les ha permitido establecer un marco multilateral de disciplinas para el comercio de servicios y la protección de los derechos de propiedad intelectual; extender el principio del trato nacional y no discriminatorio a las empresas; introducir, aunque parcialmente, temas como inversión y políticas de competencia en las disciplinas de los acuerdos sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio y de telecomunicaciones; avanzar en la liberalización de los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio electrónico y los productos de tecnología de la información. Por otra parte, los compromisos asumidos para la liberalización de los mercados agrícola, textil y del vestuario aseguraron a las economías más avanzadas un tiempo considerable para su reestructuración interna, mayor que el logrado por los países en desarrollo para introducir los cambios legislativos, normativos e institucionales necesarios que requiere el cumplimiento de sus compromisos en el marco de varios de los acuerdos.
Aunque se sientan beneficiados por una mayor previsibilidad y seguridad en el acceso a los mercados, como consecuencia de un aumento de la transparencia de las reglas y políticas comerciales nacionales, asociada a los Acuerdos de la Ronda Uruguay, los países de la región saben que en los grandes mercados importadores aún persisten elevadas barreras a sus exportaciones.
Los Acuerdos de la Ronda Uruguay dejaron sin resolver asuntos relativos al acceso de los países en desarrollo a los mercados, pendientes desde rondas anteriores, pero cuya solución implica costos políticos que los gobiernos de las economías más avanzadas no están dispuestos a pagar. En estos países aumentaron las tensiones generadas por la integración de los mercados y la interdependencia entre los Estados-Nación, cuyos impactos en el mercado laboral coinciden con la transformación tecnológica, que también influye en la demanda de trabajo. Existe así una percepción generalizada de que el movimiento de liberalización comercial contiene elementos socialmente desestabilizadores que deben ser contrarrestrados si los gobiernos quieren mantener el respaldo de sus sociedades a la interdependencia global.
Para América Latina y el Caribe, el lanzamiento de esas negociaciones se enmarca en un cuadro distinto del anterior en el que se desarrolló la Ronda Uruguay, ya sea en sus componentes positivos o en los negativos. Por la parte positiva: i); la OMC es una organización universal, de la cual todos los países de la región son hoy miembros y participan activamente en el proceso negociador; ii); estos países adoptaron el modelo exportador de desarrollo, ejecutaron un duro programa de reformas macroeconómicas, y consolidaron sus aranceles a niveles bajos, como parte de sus compromisos de la Ronda Uruguay; iii); todos los países participan en negociaciones simultáneas, en los ámbitos bilaterales, plurilaterales y multilaterales en las que se analizan los mismos temas y se establecen reglas similares, pero no idénticas, y los negociadores en estos países se benefician del aprendizaje derivado de esa experiencia; y iv); las recientes crisis financieras, a pesar de sus efectos dramáticos, han sido menos devastadoras y políticamente debilitantes que la crisis de la deuda externa de los años ochenta.
Por otra parte, el desempeño de las economías de la región dejó en evidencia que las reformas macroeconómicas, en muchos países, son aún incompletas, dado que su estabilidad depende en gran medida del comportamiento de los flujos de capitales externos. América Latina y el Caribe mantienen así un sector externo vulnerable, tanto por la dificultad de acceder con seguridad a los mercados de capital de largo plazo, lo que afecta a la política cambiaria, las tasas de inversión y de crecimiento de sus economías, como por la especialización exportadora en productos y servicios intensivos de recursos naturales y trabajo, lo que a su vez determina que el desempeño exportador sea función del acceso seguro a los mercados y de precios internacionales compensadores.