Descripción
La reforma al sistema previsional de Chile aprobada en 2008 durante el gobierno de Michelle Bachelet (2005-2010) ocurrió tras una larga negociación que desembocó en una propuesta que obtuvo el apoyo de las principales coaliciones político-electorales e incluyó a la oposición. La trascendencia de dicha reforma estriba en que se trataba de un sector emblemático de política pública que hasta ese momento había sido objeto de controversia, se mantenía sin cambios estructurales y encarnaba como pocos el giro al modelo económico impuesto durante el régimen militar. Asimismo, dado el volumen de recursos financieros movilizados por el sistema previsional de capitalización individual instaurado en 1981, se trataba de un sector en donde pesaban actores privados con gran influencia —la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones—que hasta entonces habían pugnado por no modificar el sistema, particularmente en su dimensión social. Finalmente, se trató de una reforma con implicancias fiscales y sociales de primer orden, pues buscaba colmar vacíos de cobertura, igualar condiciones de acceso, garantizar pisos mínimos de bienestar durante la vejez, fortalecer un pilar solidario en el sistema de pensiones y darle mayor injerencia regulatoria al Estado dentro del sistema.