A fines del mes de enero del corriente año el gobierno argentino alcanzó un entendimiento con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un programa de facilidades extendidas (Extended Fund Facility), por un monto equivalente a aproximadamente 45.000 millones de dólares, que servirá para pagar los vencimientos del acuerdo stand-by (SBA) solicitado por la Argentina en 2018.
Este nuevo programa plantea una serie de particularidades, tanto desde una perspectiva institucional como socioeconómica, que vale la pena destacar ya que implican un marco conceptual novedoso para este tipo de operaciones. Desde una perspectiva institucional, cabe señalar que desde el año 2021, a raíz de la sanción de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, la legislación argentina exige el tratamiento de este tipo de acuerdos por parte del Congreso Nacional. En este sentido, la reciente aprobación parlamentaria del entendimiento que el gobierno argentino alcanzó con el staff técnico del FMI refleja un amplio apoyo político y social que resulta fundamental en negociaciones de esta envergadura donde el programa acordado sobrepasa un periodo de gobierno.
Desde el punto de vista socioeconómico, cabe subrayar que el nuevo programa no incluye reformas estructurales (por ejemplo, del sistema de pensiones o de las instituciones laborales) que suelen ser parte de los compromisos que asumen los países a cambio de este tipo financiamiento. Los esfuerzos transformadores estarán concentrados, según puede vislumbrarse en el acuerdo y en las declaraciones de las autoridades, en resolver los problemas de la estructura productiva argentina que históricamente determinaron una fuerte restricción externa al crecimiento del país, que suele manifestarse en crisis recurrentes en su balanza de pagos. Otros desafíos de largo plazo, como el desarrollo del mercado local de capitales o la instrumentación de medidas para mejora de la administración tributaria, también suponen reformas estructurales, pero diferentes a las reformas estructurales que históricamente se plantearon en este tipo de programas.
En este sentido, el nuevo acuerdo alcanzado, que esperamos sea ratificado por el Directorio del FMI, refleja como pocas veces se ha visto en circunstancias similares las prioridades y políticas planteadas por el gobierno argentino, que podrá desplegar su propio modelo de desarrollo.
De ser aprobado por el Directorio del FMI, este nuevo acuerdo permitirá que el país no tenga que afrontar pagos netos de capital en los próximos dos años y medio, y que reciba fondos por aproximadamente 4.500 millones de dólares correspondientes a los pagos de capital realizados en 2021. El pago de los vencimientos del nuevo acuerdo comenzaría en cuatro años y medio (septiembre de 2026) y se extenderían hasta diez años después del último desembolso (septiembre de 2034). De esta manera, al generar una mayor previsibilidad macroeconómica, el nuevo acuerdo eleva la probabilidad de que la Argentina continúe la recuperación económica que viene transitando durante el último año, luego de la caída sufrida durante la pandemia por COVID-19.
La experiencia de la Argentina representa un hito para la región, porque muestra la importancia de introducir cambios en la arquitectura financiera internacional que favorezca a los países de ingresos medios que, al igual que en la Argentina, cuentan con deudas externas que pueden en el futuro obstaculizar sus posibilidades de desarrollo. Este un concepto que ha sostenido históricamente la CEPAL, que apuesta a que los países de la región logren la mayor autonomía posible en el diseño de sus políticas de desarrollo.
