Relatora especial de la ONU llama a aplicar políticas públicas con enfoque de derechos

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La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, hizo un llamado para que las políticas públicas estén centradas en superar los obstáculos estructurales que impiden que los más pobres puedan gozar de sus derechos sociales, económicos y culturales (DESC), al cierre de un seminario hoy en la CEPAL.

Durante el Seminario internacional Indicadores de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y seguimiento de las políticas sociales para la superación de la pobreza y el logro de la igualdad, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) los días 12 y 13 de junio, Sepúlveda insistió en que los Estados pasen de la retórica de los derechos humanos a la aplicación de políticas públicas con un enfoque de derechos.

"Este enfoque debe buscar transformar las dinámicas sociales e impedir que los actores más poderosos interpongan sus intereses sobre las necesidades de los más vulnerables", dijo la alta funcionaria de la ONU. "La pobreza no debe ser vista como la falta de recursos económicos, sino de una manera multidimensional, como la falta de capacidades básicas para tener una vida digna".

En el seminario también participaron Martín Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Lorena Fries, Directora del INDH, Humberto Henderson, Representante Regional Adjunto de la Oficina Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Laura Pautassi, Experta del Grupo de Trabajo del protocolo de San Salvador.

Los panelistas enfatizaron en la importancia de la rendición de cuentas como garantía de transparencia en la implementación de las acciones de gobierno. "A los países de América Latina les hace falta utilizar mecanismos de monitoreo frente a los pactos internacionales, que les permita traducirlos en políticas públicas. En torno a los indicadores se pueden construir políticas de Estado que marquen una hoja de ruta", dijo Hopenhayn.

El 4 de junio de 2012 la OEA aprobó una resolución donde los estados partes del Protocolo de San Salvador (en vigor desde 1999) se comprometen a presentar informes nacionales de avance hacia la realización de los derechos económicos, sociales y culturales mediante el uso de indicadores en materia de seguridad social, salud y educación.

Los países que han ratificado hasta ahora el Protocolo de San Salvador son Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. También han adherido Brasil, Colombia, Honduras y Surinam.

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