La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en colaboración con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el apoyo financiero de la Unión Europea, ha contribuido al análisis y desarrollo de estrategias y políticas para diversificar las actividades económicas de los hogares rurales en situación de pobreza. Un componente clave en estos esfuerzos han sido los análisis de las cadenas de valor rurales.
De acuerdo con el documento Fortalecimiento de la inclusión y capacidades financiera en el ámbito rural, pautas para un plan de acción, editado por la Sede Subregional de la CEPAL en México, las actividades rurales tienen una función primordial para alcanzar un desarrollo sostenible —con menor pobreza y con miras a garantizar la seguridad alimentaria—, incorporando un mayor valor agregado a las actividades rurales y atendiendo a los patrones esperados de consumo mundial de alimentos.
Ante ello, la CEPAL sugiere una transformación rural inclusiva que aumente la productividad de las actividades primarias y que incremente la capacidad de originar excedentes comercializables y acceso a los mercados, al tiempo que se diversifican las actividades productivas y los medios de vida, indica el estudio.
Esto requiere que el Estado implemente políticas encaminadas a fortalecer las actividades productivas del espacio rural, con el propósito de lograr un cambio estructural mediante la transformación de la manufactura y los servicios, y de la integración y complementariedad de las actividades y mercados con sectores de mayor dinamismo e intensidad de conocimientos, agrega el informe.
Para logarlo se busca fomentar la inclusión y las capacidades financieras en ámbitos rurales, donde las cadenas productivas, la migración y las remesas sean aspectos siempre presentes; y en donde se requiere del reconocimiento de las particularidades institucionales y del desarrollo y uso de capitales para cada caso y contexto en particular.
El documento de la CEPAL señala que las iniciativas de inclusión financiera promueven la creación de ambientes económicos y sistemas financieros más estables, movilizan recursos nacionales a través del ahorro nacional y ayudan a aumentar los ingresos de los hogares y del gobierno. Además, son un apoyo para el crecimiento económico general y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
“El desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza requieren de ambos y están interrelacionados. Las economías nacionales dependen más que nunca de un proceso equilibrado de desarrollo rural y urbano”, enfatiza la publicación.
