27-31 Ene 2020 Santiago, Chile | Conferencias y reuniones de órganos subsidiarios
A 40 años de la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del establecimiento de la Agenda Regional de Género, y a 25 años de la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, se constata que los avances en el camino hacia la igualdad de género no son lineales. Como consecuencia de los cambios en los escenarios económicos, políticos y sociales, existen retrocesos y se plantean nuevos desafíos para lograr el desarrollo sostenible a partir de la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el respeto de sus derechos.
Así lo señala el primer Informe regional sobre el avance en la aplicación de la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, dado a conocer durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, Chile 27-31 de enero de 2020).
Junto con reconocer que la aplicación de las medidas de la Estrategia de Montevideo está contribuyendo a la construcción de un entramado institucional sólido que moviliza la voluntad política y asegura que las acciones para el logro de la igualdad de género se constituyan en políticas de Estado, el documento indica que el primer desafío es la magnitud de las desigualdades de género en la región y las capacidades y los recursos estatales disponibles para hacerles frente.
Por ejemplo, los avances en el marco normativo y la institucionalidad para hacer frente a la discriminación y la violencia por razón de género, si bien son necesarios, no son suficientes para poner fin a esta violación de los derechos humanos de las mujeres.
Según cifras recopiladas por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL, hacia 2018 la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3.800.
Un segundo desafío es que aún es necesario intensificar los esfuerzos para una mayor desagregación de los datos que permitan analizar desde un enfoque de interseccionalidad e interculturalidad las políticas, los programas y las acciones destinadas a reducir las desigualdades que enfrentan las mujeres. Es especialmente importante conocer y abordar la situación de las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, adolescentes y jóvenes, entre otras, y el conjunto de barreras que deben sortear para lograr la autonomía.
Por ejemplo, según el OIG, en 2017 por cada 100 hombres que vivían en hogares en situación de pobreza en la región, se registraban 113 mujeres en la misma situación. Asimismo, las mujeres de las zonas rurales no solo dedican más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, sino que su participación en este tipo de trabajo también es mayor que la de los hombres y las mujeres de las zonas urbanas. En tanto, las jóvenes afrodescendientes de entre 18 y 24 años presentan bajas tasas de asistencia al sistema de educación superior en seis países de la región (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela). A su vez, en Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y Uruguay, las mujeres afrodescendientes son las más afectadas por el desempleo.
El tercer desafío es el hecho de que los Gobiernos reconocen que las desigualdades de género se manifiestan en el plano internacional, regional, nacional y subnacional y que se requiere una visión renovada de la política pública para poder responder de forma integral y coordinada. En algunos casos, los mecanismos para el adelanto de las mujeres han intensificado su trabajo para extender el alcance de las políticas de igualdad de género y de derechos de las mujeres a los espacios subnacionales y locales, pero es preciso que se siga reforzando el anclaje territorial de las políticas para ampliar su cobertura, pertinencia y efectividad para dar respuesta a las múltiples necesidades y demandas de las mujeres y las niñas, enfatiza el informe.
Según el documento, desde 2016 al menos ocho países de la región han elaborado planes de igualdad que incorporan los enfoques, los ejes y las medidas planteados en la Estrategia de Montevideo. A su vez, al menos cuatro países asumen como plazo el año 2030, alineando el horizonte temporal de las políticas de igualdad de género con el de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También muchos países impulsaron en los últimos años la creación de entidades de género en distintos ministerios y en los diferentes niveles de la administración pública y la conformación o fortalecimiento de mecanismos de coordinación en relación con las políticas de igualdad de género.
Un cuarto desafío ha sido la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a las políticas de igualdad de género. En diferentes países se alerta sobre la baja asignación presupuestaria a las políticas de igualdad. Esto conlleva una limitada capacidad de respuesta de los Estados en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Además, en el actual escenario de contracción económica, es preciso que las mujeres (especialmente las mujeres en situación de pobreza) no se vean perjudicadas sino, por el contrario, deben implementarse políticas contracíclicas en sectores clave para que ellas alcancen la autonomía.
Además, es preciso seguir creando las condiciones favorables para la efectiva participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones y los movimientos de mujeres y feministas en el seguimiento de las políticas públicas.
El análisis de los avances conseguidos durante estos tres años en los que se ha aplicado la Estrategia de Montevideo da cuenta de que es necesario redoblar los esfuerzos para desatar los nudos estructurales de la desigualdad y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Contemplar los 10 ejes de implementación que presenta la Estrategia de forma articulada es clave para que las políticas públicas tengan impactos profundos y de largo plazo en el logro de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género. Para ello, se deben llevar adelante transformaciones sustantivas en la forma de organización y de gestión del Estado, recalca el documento.
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