El impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en la mortalidad de los países de la región y los posibles efectos de las muertes asociadas a esta enfermedad en la esperanza de vida al nacer de los 38 países y territorios de la región, son analizados en la nueva edición del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe 2020, documento elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La nueva edición del Observatorio, titulada Mortalidad por COVID-19: evidencias y escenarios, presenta un nuevo formato que analizará cada año un tema demográfico de interés para la región y que contará con versiones en español y en inglés.
De acuerdo al documento, la aparición del COVID-19 golpeó a la región en un contexto de mejoras generalizadas y sistemáticas de la esperanza de vida concomitante con algunos retrocesos en ciertas causas de muerte y la presencia aún significativa de cargas de enfermedad asociadas a la desigualdad persistente.
Agrega que, desde el primer caso detectado en América Latina y el Caribe (Brasil, 25 de febrero de 2020), la pandemia ha presentado grandes retos económicos y sociales para la región, que van desde efectos directos en los sistemas de salud y en la salud de la población a los efectos indirectos generados por las medidas de distanciamiento social, con consecuencias en la oferta y la demanda económica, la suspensión de ciertas actividades productivas, el aumento del desempleo y la recesión económica mundial. La vulnerabilidad ante la pandemia se exacerba con los desafíos estructurales de la pobreza, la profunda desigualdad y la debilidad de los sistemas de protección social y salud en la región, señala la publicación.
A estos retos se suman las dificultades para cuantificar y diagnosticar la magnitud y la evolución del problema en la región, lo que limita la toma de decisiones informadas. Los datos de mortalidad y salud son una fuente esencial de diagnóstico y de toma de decisiones para la salud pública. Y América Latina y el Caribe presenta retos significativos en la completitud de los sistemas de registro civil y de información en salud.
El Observatorio revela que los diez países con mayor número de defunciones cuya causa se clasifica como COVID-19 hasta el 31 de octubre de 2020 por cada 100.000 habitantes son Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Colombia y Bahamas. En ese grupo, el rango de valores oscila entre 104,2 y 36,1 defunciones clasificadas como COVID-19 por 100.000 habitantes.
Entre los países con al menos una defunción clasificada como COVID-19, los menores valores se registraron en Curaçao (0,61 defunciones por 100.000 habitantes), Cuba, Uruguay, Haití, Nicaragua, Barbados, Venezuela (República Bolivariana de), Antigua y Barbuda, Jamaica y Trinidad y Tabago (7,6 defunciones por 100.000 habitantes).
Añade que la evidencia indica que la mortalidad por COVID-19 es efectivamente mayor para la población de edades avanzadas. Además, una vez producido el contagio del virus, la mortalidad es más elevada en lugares con sistemas de salud fragilizados, donde hay más comorbilidades y, por ende, menor esperanza de vida al nacer. Los países con una mayor proporción de población adulta mayor, por una parte, y con una menor esperanza de vida al nacer, por otra, pueden resultar más afectados por la mortalidad de la pandemia una vez que estén infectados, a partir de las características observadas de mortalidad por el virus.
Asimismo, el documento señala que, de acuerdo a las investigaciones, el impacto mayor en la esperanza de vida al nacer se registraría en América del Norte, Europa y en América Latina y el Caribe debido a su estructura de población envejecida. En esas regiones, cada aumento porcentual en la prevalencia del COVID-19 puede disminuir la esperanza de vida al nacer en aproximadamente 0,1 años. Con una prevalencia del 10%, se perdería aproximadamente 1 año de esperanza de vida, y a 50%, 5 años. Cinco años menos en la esperanza de vida al nacer de América Latina y el Caribe significa retroceder a los niveles de 20 años atrás en la región. Así, América Latina y el Caribe puede ser una de las regiones más afectadas debido a su estructura por edades envejecidas.
El Observatorio Demográfico 2020 advierte que la tasa de letalidad por el COVID-19 puede ser cambiante y no estable, tanto por las mutaciones del virus y la población afectada como por los cambios en la práctica médica y en el tratamiento a medida que esta “aprende” con la pandemia, algo que, a su vez, puede ser diferente en los distintos países. Asimismo, el conocimiento sobre la prevalencia de la enfermedad acumulada en un año sigue siendo imprecisa. Con todo, aunque puede parecer apresurado indicar si los comportamientos observados impactan en la esperanza de vida al nacer, los resultados de las simulaciones alertan sobre probables estancamientos o retrocesos en este indicador. Pueden ser mayores si se considera el contexto de profundas desigualdades característico de la región, que puede estar incidiendo en grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. Junto con ello, no se puede descartar un aumento de las muertes por enfermedades no tratadas debido a la crisis y a la falta de acciones claras por parte de los gobiernos para concientizar a la población sobre la necesidad de continuar los tratamientos en curso, así como los chequeos preventivos.
“Todo lo anterior pone de relieve la imperiosa necesidad de avanzar de manera urgente en la implementación de políticas de salud universales que garanticen un derecho humano fundamental como el derecho a la vida”, afirma el documento.
