Las medidas de emergencia tomadas por los países América Latina y el Caribe han permitido atenuar los impactos sociales de la crisis del COVID-19, pero la prolongación de la pandemia y las brechas estructurales de la región muestran la urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, coincidieron autoridades de Desarrollo Social, funcionarios internacionales y especialistas en un evento organizado por la CEPAL en el marco del mes del Desarrollo en Transición: Diálogos para trazar nuevos caminos para América Latina y el Caribe.
El evento titulado Los estratos de ingresos medios, el COVID-19 y los desafíos de la protección social, en el marco de las Jornadas de Desarrollo en Transición (DiT) contó con palabras de apertura de Felice Zaccheo, Jefe de la Unidad para México, América Central, Caribe y Operaciones Regionales 2 de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea; y Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, quien además hizo una presentación sobre la situación regional.
Posteriormente intervinieron Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de Argentina; Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica; Karla Rubilar, Ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile; Sebastián Nieto Parra, Director de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y Rubén Lo Vuolo, Director Académico e Investigador Principal de CIEPP. El cierre estuvo a cargo de Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Durante su intervención, Felice Zaccheo detalló las iniciativas de cooperación y asociación en materia de protección social desarrolladas actualmente por la Unión Europea en América Latina, las que buscan, en última instancia, que los sistemas implementados por la región sean menos sensibles a los impactos de las crisis y que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, según explicó.
Durante su presentación, Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, indicó que la pandemia ha profundizado los problemas estructurales de desigualdad, informalidad y pobreza de la región, con alto impacto sobre las mujeres, los trabajadores informales y los y las jóvenes.
Pese a las numerosas medidas de protección social implementadas por los países durante la emergencia (263 en 2020), que atenuaron el incremento de la pobreza, se observa un aumento de la vulnerabilidad de la población, alertó. Se estima, dijo, que 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos bajos y medio-bajos (hasta tres veces la línea de pobreza) en 2020.
Los montos de las transferencias monetarias de emergencia no han sido suficientes para cubrir las necesidades básicas de la población en todos los países; solo 6 de 16 países de América Latina otorgaron transferencias monetarias cuyo monto promedio mensual en el período marzo-diciembre 2020 bordeaba o superaba la línea de pobreza extrema, explicó.
Con miras a la recuperación económica, Arenas advirtió que, al 4 de julio, solo el 13,6% de la población en América Latina y el Caribe había completado su proceso de vacunación, por lo que urge solidaridad internacional y regional para un acceso universal y equitativo a las vacunas.
Para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, la CEPAL plantea avanzar hacia un Estado de Bienestar con sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social en la región; mantener las transferencias de protección social de emergencia en 2021; aumentar la suficiencia de las prestaciones y fomentar la Renta Básica Universal, para llegar a todos y todas; promover la inclusión laboral con trabajo decente; garantizar acceso universal a salud y educación de calidad, y avanzar hacia una sociedad del cuidado, especificó. Todo lo anterior supone discutir nuevos pactos sociales y fiscales en los países, apuntó.
Durante su intervención, el Ministro Daniel Arroyo de Argentina abordó el impacto social de la pandemia en su país y el paquete de medidas implementado hasta ahora por el Gobierno, reconociendo las múltiples y diferenciadas necesidades que se observan en los distintos sectores de la población. El debate sobre una renta básica universal debe establecerse en América Latina, sostuvo.
Para la Ministra Karla Rubilar de Chile, uno de los desafíos actuales de su país es “cómo mantener transferencias directas que permitan superar la pobreza, y establecer un piso mínimo de derechos sociales, y compatibilizarlas con iniciativas para generar empleos formales” con derechos y protección social.
Respecto al fortalecimiento de los sistemas de protección social, el Ministro Juan Luis Bermúdez de Costa Rica remarcó la importancia de “garantizar fuentes financieras que sean suficientes, sostenibles y resilientes a crisis posteriores, porque esta no será la última que tenga que enfrentar la región”.
Por su parte, Sebastián Nieto Parra del Centro de Desarrollo de la OCDE comparó el disímil escenario que enfrentaban los países de América Latina y el Caribe y de Europa antes de la pandemia, lo que ha determinado en gran medida los efectos sociales de la crisis en ambas regiones. Mientras la región latinoamericana y caribeña se caracteriza por sus altos niveles de vulnerabilidad social e informalidad laboral, Europa cuenta con una informalidad muy baja y con sistemas de protección social fuertes que actuaron rápidamente frente a la emergencia, subrayó.
Finalmente, Rubén Lo Vuolo de CIEPP coincidió en que la pandemia ha evidenciado la necesidad de avanzar en iniciativas como la renta básica universal o el ingreso ciudadano, pero de forma complementaria a la provisión de bienes públicos de calidad, como la salud y la educación, aclaró.
El encuentro sobre estratos medios fue uno de los cuatro eventos que organizó la CEPAL en el marco de los diálogos sobre el desarrollo en transición, convocados por el organismo regional de las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Centro de Desarrollo de la OCDE.
