El rol que juegan las Defensorías del Pueblo como garantes de la vigencia y protección de los derechos fundamentales de los habitantes, así como una buena gobernanza de los recursos naturales que fomente un desarrollo sostenible e inclusivo, son fundamentales para pomover una minería que respete los derechos humanos y el medio ambiente en la región, señalaron hoy expertos internacionales reunidos en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile.
Representantes de las Defensorías del Pueblo de 10 países iberoamericanos, especialistas de organismos internacionales, de la sociedad civil, academia y del sector privado, comenzaron este martes el seminario-taller: "Papel de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente”, que se prolongará hasta mañana 15 de agosto.
La reunión, organizada por la CEPAL en conjunto con la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), fue inaugurada por Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL; Jeannette Sánchez, Directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura del organismo; Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico y Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO); y Peter Sauer, Ministro Consejero y Encargado de Negocios a.i. de la República Federal de Alemania en Chile.
Joseluis Samaniego señaló que las actividades mineras generan crecimiento económico, creación de empleo y son fuente importante de ingresos fiscales. No obstante, agregó que sin un adecuado control pueden afectar negativamente los servicios ecosistémicos que proporcionan grandes beneficios a las comunidades, como agua, alimento, medicinas, entre otros.
“Integrar medio ambiente y derechos humanos en la gobernanza del sector minero precisa de proteger el medioambiente para las generaciones presentes y futuras, proteger los derechos humanos sustantivos, el derecho a la vida, salud, alimentación y derechos de los pueblos indígenas, así como el derecho a acceder a la información de manera oportuna y efectiva, a participar en la toma de decisiones, y a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales y derechos, o para obtener la reparación por daños ambientales”, indicó el directivo de la CEPAL.
Por su parte, Jeannette Sánchez recordó que las exportaciones de recursos naturales no renovables representan más de la mitad de los envíos totales al exterior de los países andinos, hecho que pone en tensión el cumplimiento sinérgico de las metas que las distintas dimensiones sociales, económicas y ambientales se han fijado en la misma Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas.
“Por ello la CEPAL impulsó un Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región (conocido como Acuerdo de Escazú). Las Defensorías del Pueblo tendrán un nuevo instrumento legal para defender los derechos humanos y promover una minería más responsable y respetuosa de esos derechos y del ambiente”, declaró.
Sánchez agregó que los Defensores del Pueblo son clave en el afán de construir una gobernanza democrática que implica gobernar los recursos naturales con participación ciudadana, discusión política, deliberación abierta, interacción, diálogo, tolerancia y respeto a la disidencia.
En tanto, Iris Miriam Ruiz Class recalcó la necesidad de gestar una nueva gobernanza de los recursos naturales y el papel de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente.“Este es un encuentro para cambiar paradigmas. Se puede poner fin a la pobreza protegiendo el planeta y garantizando que todas las personas gocen de paz y prosperidad”, agregó.
En nombre del gobierno alemán, principal auspiciador de los proyectos que la CEPAL lleva a cabo en estas materias, Peter Sauer agradeció al organismo y a FIO por la organización del encuentro. Indicó que América Latina es un socio clave para la industria de su país, que depende de la importación de productos mineros desde la región.
“Las empresas alemanas ponen cada vez más énfasis en que el origen de los productos adquiridos esté en sintonía con el cuidado y la protección del medio ambiente y la sociedad. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo se puede asegurar que estos productos mineros cumplen con los derechos humanos y aportan a los objetivos de la Agenda 2030? Para que una minería sea realmente “verde” debe cumplir con requisitos más allá de lo estrictamente ambiental. Debe incluir además aspectos sociales y económicos, y el respeto a los derechos humanos”, precisó.
“Es por eso que el rol de las Defensorías del Pueblo o instituciones nacionales de derechos humanos es tan importante. Ellas velan y protegen los derechos individuales y la promoción de políticas públicas. De igual modo pueden promover la restitución de derechos e incidir a favor de un desarrollo sostenible”, declaró Sauer.
