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CEPAL participó en mesa de diálogo sobre igualdad e inclusión realizada en México

Convocada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la actividad contó con la asistencia de representantes de Gobierno y de la sociedad civil mexicana.

17 de octubre de 2019|Noticia

Funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) participaron en la mesa de diálogo “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera: Igualdad y no discriminación como horizonte del desarrollo y del bienestar inclusivo para México”, que congregó el jueves 17 de octubre de 2019 en Ciudad de México a representantes de Gobierno y de la sociedad civil mexicana.

La actividad, realizada en el marco del Día Nacional contra la Discriminación, fue convocada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y contó con el apoyo de la CEPAL en el marco de su proyecto de cooperación con AECID titulado “Análisis de la inclusión y la cohesión social en América Latina y el Caribe a la luz del pilar social de la Agenda 2030”.

Se trató de un diálogo interinstitucional sobre los desafíos de la transversalización de los principios de igualdad y no discriminación en las políticas y programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y en los principales programas de inclusión social y laboral del gobierno federal.

En la inauguración participaron Alexandra Haas, Presidenta de CONAPRED, Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México, y Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones de la Sede Subregional de la CEPAL en México. En el encuentro también expuso Carlos Maldonado, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.

Junto con agradecer a la CEPAL por su apoyo y acompañamiento en esta materia, Alexandra Haas resaltó la importancia de la dimensión colectiva de la cohesión social y la necesidad de que los Estados no solo se centren en la expresión individual del ejercicio de los derechos, sino que también creen los espacios, mecanismos y procesos para facilitar la solución pacífica de los conflictos y así generar mejores condiciones de convivencia social.

Por su parte, Nadine Gasman de INMUJERES dijo que “este es un gran momento para renovar nuestra promesa de lucha hasta que logremos eliminar todas las prácticas, los prejuicios, los estereotipos y estigmas que afectan el ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de condiciones”. Gasman aseguró que “el sexo es una de las principales causas de discriminación” en México. “La discriminación contra las mujeres no es fortuita sino estructural”, apuntó e indicó que “6 de cada 10 mujeres han sufrido algún incidente de discriminación” en el país.

“Cohesión social no implica ausencia de conflicto social, implica capacidad de procesamiento democrático del conflicto, asumiendo que la sociedad es por naturaleza conflictiva. Es importante tener clara esta conceptualización, en donde además de los elementos de igualdad e inclusión se incluyen los conceptos de reciprocidad y solidaridad”, expresó Pablo Yanes, representante de la CEPAL.

Durante su intervención, Yanes mencionó dos temas que deberían tener mayor presencia en los debates sobre cohesión social en México: la fiscalidad (“que es fuerte, recíproca y solidaria en una sociedad altamente cohesionada”) y las violencias y su impacto en la destrucción de los vínculos sociales, ya que actualmente se observa un proceso de “normalización”, dijo.

Otro gran desafío, sostuvo, es traducir las normas en políticas y resultados concretos que cierren las brechas de desigualdad presentes en el país.

Justamente para enfrentar estos y otros retos los países de la región aprobaron a principios de este mes en Ciudad de México, a través de sus Ministerios de Desarrollo Social, la Agenda regional de desarrollo social inclusivo (ARDSI), durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

México, que presidirá la Mesa Directiva de esta Conferencia hasta 2021, liderará los esfuerzos por implementar esta agenda, que busca imprimirle a las políticas de desarrollo social de la región una orientación universalista y garantista de derechos.

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