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CEPAL llama a articular los sistemas de protección social con las políticas de gestión del riesgo de desastres para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad en la región

Organismo regional de las Naciones Unidas presentó documento sobre el tema en el marco de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe que se celebra del 26 al 28 de octubre de forma virtual.

25 de octubre de 2021|Noticia

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 y el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres en América Latina y el Caribe muestran la necesidad de reforzar los vínculos entre los sistemas protección social y las políticas de gestión del riesgo de desastres en los países de la región, a fin de alcanzar mayor resiliencia social e institucional y avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, plantea un nuevo informe presentado hoy por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el marco de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe inaugurada este martes.

El encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de Antigua y Barbuda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reúne de forma virtual a ministros, ministras y altas autoridades de las áreas sociales de los países de América Latina y el Caribe, además de funcionarios de las Naciones Unidas, representantes de organismos internacionales, miembros de la sociedad civil y académicos.

América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más afectada por la pandemia, atraviesa un momento crítico y de gran incertidumbre producto de la prolongación de la crisis, en un contexto de crecientes asimetrías globales entre los países desarrollados y las naciones en desarrollo tanto en materia de acceso a vacunas y financiamiento como en concentración de riqueza, ingresos y tecnología, sostiene la CEPAL.

Pese a que concentra el 8,4% de la población mundial, la región registra el 18,5% de los contagios y el 30,3% de las muertes por COVID-19. En términos socioeconómicos, el desplome del PIB regional en 2020 (-6,8%) significó un aumento de 22 millones de personas en situación de pobreza (hasta un total de 209 millones, el 33,7% de la población de América Latina) y un incremento de la desigualdad: el coeficiente de Gini aumentó 2,9%. A esto se suman alzas en las tasas de desocupación, particularmente de las mujeres, la pérdida de procesos educativos, la exclusión digital y el aumento de las labores de cuidado, entre otros.

La pandemia ha agudizado problemas estructurales de la región, como baja productividad y alta informalidad, desigualdad y pobreza, a lo que se agregan nudos críticos emergentes como la migración, la brecha digital y el cambio climático, así como los impactos de los desastres, cada vez más recurrentes y diversos en cuanto a su origen y características, afirma el documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe.

Los países de la región reaccionaron ante los impactos de la pandemia, destaca la CEPAL, pero sus sistemas de protección social no estaban preparados para atender una crisis sanitaria y social de la magnitud que se ha generado, en particular para responder a las necesidades de sectores de la población tradicionalmente excluidos, como las personas que trabajan de manera informal, advierte el organismo regional.

Entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021, los 33 países de América Latina y el Caribe habían anunciado 430 medidas de protección social no contributiva de emergencia para garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como para reducir sus gastos. De este total, 218 fueron adoptadas en América del Sur, 109 en los países del Caribe de habla inglesa y 103 en el grupo conformado por Centroamérica, México, Cuba, Haití y República Dominicana.

La respuesta de emergencia ha consistido principalmente en transferencias monetarias (195 medidas en 31 países), transferencias en especie de bienes y servicios (103 medidas en 31 países), otras medidas de reducción del gasto de los hogares afectados por la pandemia, tales como alivios tributarios, fijación de precios y facilidades de pago (85 medidas en 29 países) y aseguramiento y facilitación del acceso a los servicios básicos (agua, energía, teléfono e Internet), con 47 medidas en 27 países.

En total, se estima que entre marzo de 2020 y junio de 2021 esta cobertura suma 105 millones de hogares, de los que son parte 395 millones de personas (en promedio, el 59,6% de la población de los países de la región). El desafío hoy -remarca la CEPAL- es sostener las medidas de emergencia y la ampliación de la protección social en un contexto fiscal desfavorable.

En 2019, antes de la pandemia, América Latina ya presentaba niveles de deuda pública (gobierno central) en torno al 45,6% del PIB, cifra que aumentó al 55,3% del PIB en junio de 2021. Esto equivale a un alza promedio de 9,7 puntos porcentuales del PIB. Para el Caribe la situación es más compleja, pues presentaba niveles de deuda pública superiores a los de América Latina, y en cuatro países se llegaba a superar el 100% del PIB en marzo de 2021.

Además de sufrir los efectos de la pandemia, el Caribe está particularmente expuesto a amenazas relacionadas con el cambio climático. En el período 2000-2019, nueve de los diez países o territorios del mundo que mayores impactos sufrieron en términos de caída del PIB por causa de desastres pertenecían a la subregión caribeña.

El establecimiento de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, articulados con las políticas de reducción de desastres, como plantea este nuevo informe de la CEPAL, produce positivos impactos sociales y económicos, al reforzar la resiliencia institucional y social y facilitar una mirada preventiva a lo largo del ciclo de los desastres para generar una espiral convergente orientada a disminuir los costos agregados en el tiempo. Esta propuesta sigue los ejes y las líneas de acción de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI), aprobada en octubre de 2019 en México en el marco de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social.

“América Latina y el Caribe requiere nuevos pactos sociales y fiscales para fortalecer la cohesión social y alcanzar la sostenibilidad financiera de la protección social. La cooperación regional, la solidaridad entre naciones y el multilateralismo son clave para salir de esta crisis y afrontar de mejor manera los diversos desastres que impactan a la región”, indicó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien destacó la reciente creación del Fondo CELAC para la Respuesta Integral a Desastres, cuya operación contará con el apoyo de la Comisión, e instó a la comunidad internacional a apoyar iniciativas como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE), propuesto por el Gobierno de Costa Rica, así como el Fondo de Resiliencia del Caribe, concebido por la CEPAL para proporcionar liquidez a la subregión y, al mismo tiempo, atraer financiamiento para la adaptación y mitigación del cambio climático.