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Centroamérica debería contar con una autoridad regional de competencia, plantea nuevo estudio CEPAL

El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea obliga a los países de la subregión a tener una política de competencia eficaz.

14 de junio de 2017|Noticia

La coordinación de la política centroamericana de competencia contribuiría a mejorar el funcionamiento de los mercados de la subregión y reforzaría la competencia en cada país, concluye el estudio Panorama y retos de la política de competencia en Centroamérica.

La publicación de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México analiza cómo la exigencia del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea –que establece que todos los países deben contar con una política de competencia eficaz- ha contribuido a reformas legales en los países de la subregión.

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá son países que ya cuentan con leyes de competencia y han trabajado en armonizar sus legislaciones para hacer frente a los retos regionales y globales en esta materia. Guatemala se encuentra en el proceso de formulación y discusión de su ley de competencia.

El estudio reconoce los desafíos que los países han enfrentado para promover una cultura de competencia debido a los vacíos legales y los estrechos márgenes de acción que tienen las agencias de competencia.

Las enmiendas a las leyes ya realizadas o propuestas están orientadas a proveer de mayores instrumentos a las agencias de competencia para realizar sus investigaciones de caso; a reducir las excepciones en la aplicación de la ley; a ampliar su potestad para controlar las concentraciones; a contar con mayores ingresos para su operación; a introducir instancias intermedias de solución a los casos de prácticas anticompetitivas, en las que las partes pueden llegar a un acuerdo antes de que termine la investigación y, por último, a crear la figura de clemencia o delación compensada, que podría ayudar a detectar más fácilmente las prácticas de cárteles duros.

Sin embargo, hay restricciones que no se han remediado, como la limitada promoción de la competencia; la falta de recursos para investigar todos los casos relevantes; la falta de independencia institucional y económica de la mayor parte de las agencias, y el papel marginal de la política de competencia en comparación con las demás políticas económicas: la financiera, la macroeconómica, la fiscal, entre otras.

Otro reto radica en el hecho de que las políticas de competencia de los países, al haberse inspirado principalmente en modelos de países desarrollados, no se ajustan fácilmente a las características de economías pequeñas.

Guatemala tiene un apartado especial en el documento. En él se propone la publicación y difusión de una política de competencia -antes que la aprobación de una ley de contenido básico- que cree la autoridad y la dote de un presupuesto adecuado. También se recomienda buscar sinergias entre la política de competencia y otras políticas públicas, ya que en la agenda de competitividad hay medidas que pueden operar en contra de una futura ley y/o agencia de competencia, al darle potestades a reguladores sectoriales sobre competencia (por ejemplo, al órgano regulador del transporte aéreo).

Guatemala tiene compromisos nacionales e internacionales que establecen la promulgación de una ley de competencia, pero, lamentablemente, diversos factores han obstaculizado la aprobación de una ley y la creación de una agencia de competencia en ese país, entre los que se encuentran la resistencia de algunos agentes económicos que temen perder privilegios y el desconocimiento sobre el derecho y la política de competencia, lo que impide un debate y apoyo social a estas iniciativas.

Considerando la particularidad del caso guatemalteco y los esfuerzos que el resto de los países de Centroamérica han hecho para armonizar sus leyes, el estudio recomienda mejorar la coordinación de las políticas nacionales de competencia, la creación de un acuerdo de cooperación regional y valorar la oportunidad de crear una autoridad que atienda los retos de la subregión.

“Incluso, si no fuera posible aprobar una autoridad con poderes supranacionales, sería de gran apoyo al menos tener una autoridad con poder suficiente para colaborar en investigaciones sectoriales y de casos, además de reforzarse mutuamente en los procesos administrativos y judiciales, dando asesoría a las autoridades nacionales”, concluye el texto.

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